El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis inmuebles y $169,000 de cuentas bancarias a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés y parientes pasen al Estado.
En la audiencia de sentencia, la Fiscalía General de la República había solicitado que $4,638,164.91 fueran extinguidos.
El abogado David Ramírez quien representó al exfuncionario sostuvo que casi todos los bienes han pasado al Estado. «Prácticamente el juez extinguió casi en totalidad todos los bienes que estaban siendo solicitados por el ente fiscal, diría yo en un 95%», agregó Ramírez.
La representación fiscal también probó que la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, su hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina, adquirieron bienes de manera ilícita.
Quedó establecido que Munguía Payés, en su calidad de ministro de Defensa y titular de Justicia y Seguridad, favoreció a sus familiares con transacciones financieras, ese dinero fue utilizado para que comprar diversos inmuebles en lujosas residenciales de Nuevo Cuscatlán y vehículos.
Los fiscales especializados de extinción de dominio, durante la audiencia de sentencia dijeron que el exministro para eludir los controles de Probidad optó por utilizar a sus familiares quienes registraron un incremento patrimonial no justificado y cuando le pidieron una explicación, no detalló de dónde provenían los fondos depositados en las cuentas bancarias
Las investigaciones que efectuó la Fiscalía permitieron seguir la ruta de los fondos detectando que salieron de la partida secreta de la Presidencia de la República, durante el periodo que fue ministro en los gobiernos del FMLN.
El proceso administrativo de extinción de dominio que comenzó en octubre del 2020 tras la intervención de los bienes, determinó que David Munguía Payés, adquirió todo de forma ilícita siendo ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 2009 al 2018.
Incluso sus parientes pese a que no tenían capacidad económica aparecieron comprando vehículos e inmuebles, con precios arriba de los $160,000 con el dinero que les fue transferido en sus cuentas bancarias.
Las pruebas incorporadas dejaron constancia de dinero en 10 cuentas de ahorro y de depósitos a plazo, dos vehículos e inmuebles domiciliados en San Salvador y en La Libertad.