El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó este martes que con el nuevo paquete de reformas a la Ley contra el Crimen Organizado presentado a la Asamblea Legislativa tiene la finalidad de procesar de manera más eficiente a los miembros de estructuras terroristas y evitar que estos vuelvan a delinquir a las calles.
Villatoro destacó que con las reformas corregirán las trampas del modelo de justicia penal heredado de administraciones anteriores. «Hemos analizado leyes de países del primer mundo con las que combaten al terrorismo propio de sus regiones y vimos que ellos también entendieron que el enemigo de la sociedad es la estructura», dijo el titular de Seguridad.
El funcionario criticó que el sistema estaba diseñado para no poder hacer justicia, lo cual provoco perder una gran cantidad de víctimas y de testigos a manos de estos grupos criminales, debido a que eran investigados y mandado a matar por terroristas en libertad.
«Vamos a corregir la historia y a revertirla. Vamos a hacer justicia colectiva, a garantizar que estos terroristas no salgan a la calle y hacer justicia caso por caso», destacó Villatoro.
El titular de Seguridad expuso que con estas accionistas están respondiendo al clamor ciudadano para garantizar que el Estado no falle a fin de dejar un sistema de justicia penal en contra del crimen organizado y que El Salvador sea un Estado robusto.
En el caso de los menores de edad que eran utilizados por los cabecillas porque se procesaban por separado de un adulto, dijo que con la nueva Ley se eliminará la impunidad, debido a que serán juzgados por sus acciones.
«Ahora vamos a procesar adultos y menores, entendiendo que debemos atacar a toda la estructura criminal completa, ya sean menores de edad o adultos», enfatizó.
Villatoro agregó que una de las figuras que están corrigiendo con estas reformas es el criterio de oportunidad, que antes generaba impunidad para los criminales, ahora se podrá negociar la pena, pero el crimen no quedará en la impunidad. Además, detalló que se incorporan facultades de la ley de lavado de dinero a la ley de crimen organizado, como el congelamiento de las finanzas de la estructura criminal.
«Los títeres y titiriteros cuestionan el accionar de nuestro Gobierno, pero no se dan cuenta que la mayoría de los salvadoreños está pidiendo que se endurezcan las medidas de seguridad para que todos estos criminales no vuelvan a las calles», reiteró el funcionario.
