La suspensión de la concesión de dos rutas, una de buses y otra de microbuses, a raíz del aumento ilegal de la tarifa ha provocado una serie de reacciones que van desde la defensa a ultranza de las mafias enquistadas en el sector hasta los llamados a retomar la «beligerancia» que en el pasado enarbolaron los dueños de las unidades del transporte colectivo.
Aunque la deficiencia en el transporte de pasajeros es una lacra que se comenzó a gestar hace décadas, diversos sectores de la oposición señalan al Gobierno de ser el responsable de su estado actual, cuando se trata de una realidad que no se ha querido atender a razón de diversos intereses encontrados.
Así, la distribución de las rutas para determinados empresarios, varias de estas asignadas en las administraciones de ARENA y del FMLN a discreción y con corrupción de por medio, significó un enorme negocio no solo por lucrarse de atiborrar de pasajeros a buses viejos y desvencijados, sino también por el cobro de subsidios que jamás eran trasladados a la población, sino que engrosaban las cuentas de los dueños de la titularidad de las rutas.
Los que antes saltaban en defensa de los derechos de los usuarios del transporte colectivo y denunciaban las malas condiciones en las que los ciudadanos debían viajar hacia sus casas y trabajos ahora aseguran que las sanciones por el aumento ilegal del pasaje y las malas condiciones de los buses son un ataque contra la empresa privada; hablan de expropiación y de robo, cuando, en realidad, vemos un esfuerzo por mantener activo un servicio vital para la población, a pesar de las malas condiciones con las que se había brindado. Por eso, buses de instituciones públicas han reforzado estas dos rutas.
La UCA, que antes había criticado la violencia con la que los dueños de los buses obligaban a sus trabajadores a protestar y paralizar labores —por lo que forzaban a millares de personas a caminar kilómetros para llegar a sus trabajos—, quemar llantas y dañar propiedad pública y privada, ahora asegura que al sector le falta «beligerancia». Esto no es más que un sinsentido de una institución que, a toda costa, quiere llevarle la contraria al Gobierno, aunque hacerlo signifique traicionar sus análisis previos y su postura tradicional.
Algunos medios de comunicación que funcionan como aparato de propaganda de los políticos derrotados incluso desinforman abiertamente y publican imágenes de años pasados para tratar de vincular la acción del Gobierno con daños viejos en el sistema de transporte o mienten abiertamente con publicaciones que incluso agencias de noticias extranjeras desmienten.
