La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha mutilado el derecho al acceso a la información. Esto lo hizo dictando una sentencia que pone bajo la categoría de información confidencial, con todos sus efectos, hasta los nombres de los empleados públicos.
En el pasado era posible conocer los nombres, los currículos y los salarios de todo el personal laborando en una institución, pero esto cambió por voluntad de los magistrados, lo cual impide el escrutinio eficaz de la función pública y de las operaciones de las instituciones, facilitando condiciones para la corrupción.
La sala olvida que en secreto se crean redes de clientelismo político entre funcionarios y empleados públicos. Los procesos de selección y contratación del personal los operativizan los empleados públicos, y no están exentos de incurrir en faltas a la ética pública o en la comisión de arbitrariedades en estos procesos.
Los empleados públicos también prestan servicios vitales, como la gestión del agua, la sanidad pública, la seguridad y, a veces, participan en etapas críticas de los procesos; por ejemplo, la recepción de denuncias. Entonces, la creación de redes de clientelismo político no es el funcionamiento deseado para las instituciones, porque trastornan las operaciones de las instituciones del Estado y ponen en alta vulnerabilidad a los ciudadanos.
Los funcionarios no podrían ejercer la corrupción sin las redes de clientelismo político. Ningún funcionario podría ejecutar todas las acciones que exigen los actos corruptos sin el apoyo operativo de los empleados públicos.
Por ejemplo, en la contratación de personal, o en la adquisición de bienes y servicios, participan empleados públicos que hacen valoraciones técnicas que pueden favorecer la toma de decisiones corruptas por parte de los funcionarios.
Aunque el empleado no tome la decisión final, sí puede distorsionar la toma de decisiones en perjuicio del interés general. En secreto es más fácil que los empleados públicos colaboren con los funcionarios corruptos.
Los sobresueldos, que se han entregado desde Casa Presidencial, son tan solo una muestra de la corrupción en la que pueden colaborar los empleados públicos. En esa trama de pago de sobresueldos participaron varios empleados públicos, incluso un motorista, que de no ser por el proceso judicial que se hizo público nadie supiera las funciones adicionales que puede tener un simple motorista dentro de una red de clientelismo político.
Descubrir las redes de clientelismo político constituidas entre funcionarios y empleados públicos es combatir la corrupción. La participación ciudadana es indispensable para este propósito.
Mutilar la transparencia sobre los empleados públicos dificulta la participación ciudadana en el combate a la corrupción. En el pasado esta limitante no existía, pues la jurisdicción contenciosa administrativa consideraba que la protección de datos estaba prevista para preservar la intimidad y por eso no se mutilaba el acceso a la información.
Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dejado a la voluntad de los empleados públicos revelar datos como el nombre. ¿Será que una red de clientelismo político estará dispuesta a revelar su identidad a los ciudadanos?
