El Juzgado Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió una condena de 142 años de cárcel para Orvin Cazún Ramírez por delitos relacionados con el tráfico de drogas, principalmente cocaína.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), a Ramírez le fueron imputados los siguientes delitos: actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas en tráfico de drogas cometidos 71 ocasiones.
Fuentes judiciales informaron que por hechos similares también fue condenado Cristian Omar Ascencio a una pena de 122 años de cárcel. Este delincuente es señalado de cometer 61 veces los delitos de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas de tráfico de drogas.
Otro de los condenados es Óscar Ortiz Olivares, quien enfrentó cargos penales por tráfico de armas y delitos relacionados con tráfico de drogas, por lo que deberá cumplir una pena de 98 años en prisión.
Dicho tribunal condenó a otros 48 delincuentes que fueron acusados de agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Estos últimos recibieron sentencias que van desde el año y medio de encarcelamiento hasta los 98 años.
Los hechos por los cuales fueron condenados ocurrieron entre 2020 y 2021 en la urbanización Prados de Venecia, distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, y en la colonia San Antonio Abad, distrito de San Salvador, San Salvador Centro.
Enjuician a 44
Hace unos días, la Fiscalía dio a conocer que 44 integrantes de una estructura delincuencial dedicada al narcotráfico es enjuiciada en el Juzgado Quinto contra el Crimen Organizado por actividades relacionadas a la compraventa de droga en diferentes zonas de San Salvador entre 2017 y 2018.
Uno de los fiscales del caso explicó que durante las audiencias 32 delincuentes estuvieron de forma presencial, mientras que los 12 restantes fueron declarados reos rebeldes al no comparecer al citatorio.
Las investigaciones están a cargo de un grupo de fiscales que forman parte de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, los cuales han logrado establecer que dicha estructura distribuía droga en la comunidad La Granjita, situada en la capital.