La población salvadoreña expulsó de la Asamblea Legislativa, a través del sufragio en 2021 y en 2024, a los diputados representantes del crimen organizado, maras o pandillas y del narcotráfico. El partido Nuevas Ideas tiene el 90 % de las curules en la Asamblea, y el residuo o remanente del pasado sangriento del país es una diminuta minoría. La población se refiere a ellos como diputados elegidos con el «voto de sangre»; es decir, hacen alusión a los que tienen relación directa o indirecta con la criminalidad. Estos diputados siempre se oponen y votan en contra de la prolongación del régimen de excepción, lo cual es una manera más que subliminal de defensa a los pandilleros y a los demás delincuentes, pero lo irónico es que lo hacen, según ellos, a favor de la democracia y los derechos humanos.
En la actual Asamblea Legislativa, la población honesta y trabajadora ahora sí está representada, lo mismo podemos afirmar del Poder Ejecutivo, y por extensión del Judicial. En el país, por fin, la población tiene el control de los tres poderes del Estado. Los opositores, ante esta realidad, lejos de reconocerla, la denuestan, y se refieren al cuerpo electoral como oficialismo y con este término, según ellos, deslegitiman y no reconocen la voluntad de los ciudadanos salvadoreños; por el hecho de que los poderes del Estado ya no defienden, protegen ni blindan a los delincuentes y corruptos; entonces para los opositores políticos no es democracia.
La decisión de la población salvadoreña de no regresar al pasado se registra frecuentemente en las encuestas de opinión pública; la ciudadanía concibe a Nayib Bukele como el garante incontestable del actual desarrollo social, crecimiento económico, en un contexto de democracia y de respeto a los derechos humanos. Por tal razón existía el clamor de los ciudadanos que Bukele se presentara como candidato presidencial de nuevo en la próxima elección, para reelegirlo, y de esa manera profundizar las reformas y cambios estructurales en la base económica y en la superestructura de la sociedad salvadoreña.
No obstante, el principal obstáculo era la Constitución de El Salvador que se había convertido en una camisa de fuerza que impedía el deseo y la voluntad de la inmensa mayoría de la población. Ante la petición de la ciudadanía, los diputados de Nuevas Ideas se vieron en la obligación de acatar la decisión de sus votantes, y el 31 de julio de 2025 se eliminó ese candado constitucional, con 57 votos a favor de los 60 diputados que conforman la Asamblea Legislativa de El Salvador; es decir, contó con la aprobación del 95 % de los diputados, con el objetivo de que cada uno de los salvadoreños pueda reelegir libremente y de forma indefinida a Nayib Bukele, hasta que la población así lo desee.
Sin embargo, los «escribidores» del antiguo régimen, agentes y opositores políticos, consideran que no es democracia, si no un hecho «antidemocrático»; no obstante, en más del 80 % de los países del mundo se permite la reelección presidencial, y no se cuestiona el carácter del sistema político prevaleciente en esos Estados. Con esta decisión se acata el clamor del pueblo y se profundiza la democracia en el contexto de la refundación del Estado, al otorgarle el derecho a cada uno de los ciudadanos votantes de elegir libremente el futuro de El Salvador.
Las organizaciones defensoras del garantismo jurídico que protegía a los criminales se manifestaron en contra; por ejemplo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Este cambio constitucional lo tergiversan y hacen creer que Bukele se quedará en el poder político de forma indefinida sin la necesidad de realizar elecciones.
Contrario a lo expresado y descrito por los opositores políticos, la llegada de Nayib Bukele como presidente de El Salvador sacó al país del Estado fallido en que se encontraba, y dio paso al fortalecimiento institucional, y cualificar la competencia del funcionariado lo puso en función única y exclusivamente en interés del ciudadano, al proporcionarle una atención y servicio de calidad, ético y con calidez, gracias a las capacitaciones del talento humano y a la modernización con tecnología de punta de los ministerios y entidades gubernamentales autónomas, lo que permite una simplificación de los trámites haciéndolos más expeditos al reducir los tiempos de respuesta en más del 50 %, para dar un mejor servicio al cliente, en un contexto de transparencia, eficiencia y eficacia.
«Como parte de la estrategia de modernizar los diferentes servicios del Gobierno, la plataforma SimpleSV se posiciona como una herramienta clave para facilitar el acceso a trámites esenciales de forma ágil, segura y sin filas. El presidente Nayib Bukele propuso desde el inicio facilitar a la población salvadoreña una sola plataforma para hacer todos los trámites. Además, la plataforma cuenta con más de 30 instituciones integradas y más de 90 trámites digitalizados, permitiendo una gestión más eficiente para miles de usuarios dentro y fuera del país».
Dentro del concepto de refundación del Estado también se contempla la creación de instituciones que respondan a las nuevas demandas y los desafíos, que constituyen parte de la visión holística de la modernización del Estado, en donde no se limita a satisfacer necesidades y resolver problemas de la ciudadanía, sino a brindarlos con altos estándares internacionales, que sean no solo igual a lo privado, sino mejor, y literalmente así se ha realizado.
El hecho de modernización y creación de nueva institucionalidad aleja a El Salvador de un Estado clientelista con visión de corto plazo, y lo sitúa como un Estado posmodernista dirigido por «millennials» y «centennials» con visión de futuro y con la utopía de construir día a día un país en vías de desarrollo social y crecimiento económico.
