Varias denuncias fueron presentadas este jueves en tres países europeos contra tres aplicaciones chinas, entre ellas TikTok, por no responder a las peticiones sobre el tratamiento de los datos de sus usuarios.
«A las empresas tecnológicas les encanta recopilar tantos datos como sea posible sobre sus usuarios, pero se niegan categóricamente a dar pleno acceso a ellos, como exige la legislación europea», dijo en un comunicado Kleanthi Sardeli, abogada de Noyb, la ONG vienesa que está detrás de los procedimientos.
Ya había emprendido acciones en enero contra seis aplicaciones chinas en nombre de particulares preocupados por la transferencia ilegal de sus datos a Pekín.
Mientras que los gigantes del comercio electrónico Shein y Temu, así como la aplicación de electrónica de Xiaomi, han atendido las peticiones de los demandantes, «TikTok, AliExpress y WeChat han seguido violando el GDPR (Reglamento Europeo de Protección de Datos)», dando respuestas incompletas o ignorando la petición, según Noyb.
Por ello, la organización presentó tres denuncias ante las autoridades de protección de datos de Bélgica, Grecia y Países Bajos, para que las empresas afectadas cumplan la normativa.
También exige una multa administrativa, que podría elevarse hasta el 4% de sus ingresos mundiales, «para evitar que se produzcan infracciones similares en el futuro».
AFP contactó a TikTok, pero no respondió.
Propiedad del grupo chino ByteDance, la potente plataforma de intercambio de vídeos, con 1.500 millones de miembros, lleva años en el punto de mira de los gobiernos occidentales, que temen sus vínculos con Pekín y el posible uso de los datos de sus usuarios con fines de espionaje o propaganda.
La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos (DPC), actuando en nombre de la Unión Europea, abrió el 10 de julio una investigación contra TikTok por el almacenamiento de ciertos datos personales en servidores chinos, pero Pekín negó cualquier implicación.
A principios de mayo, la DPC multó a la red social, cuya sede europea se encuentra en Irlanda, con 530 millones de euros por no garantizar una protección suficiente a sus usuarios.
