Seis religiosos y un maestro fueron secuestrados el viernes en Puerto Príncipe, informó su congregación católica, que anunció el cierre de la escuela donde trabajaban, el último centro educativo de la zona que permanecía abierto a pesar de la violencia de las bandas que azotan a Haití.
«La Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón en Haití anuncia con dolor el vil secuestro de seis de sus miembros y de un maestro que trabajaba en la misión en el Colegio Juan XXIII la mañana de este viernes», señala un comunicado de prensa enviado en la noche del viernes al sábado.
Según supo la AFP por una fuente cercana a la organización religiosa, los secuestradores reclamaron un rescate.
El barrio Bicentenario, al que se dirigían los religiosos, está ubicado en una zona del centro de la capital haitiana controlada por grupos armados que están hundiendo a Haití en una profunda crisis de seguridad, política y humanitaria.
Enfrentamientos entre bandas rivales paralizaron durante varias semanas las actividades en el puerto internacional de Puerto Príncipe, situado en la misma zona, provocando escasez de algunos productos.
Los secuestros extorsivos son moneda corriente en Puerto Príncipe. Otras seis religiosas fueron raptadas y liberadas a fines de enero, y el 15 de febrero corrió la misma suerte un profesor universitario.
«Desde hace varios años, una violencia absurda e injustificada cae sobre el pacífico pueblo haitiano, y tampoco se salvan las personas que dedican su vida a la causa de los más vulnerables», señaló la congregación, anunciando el cierre de su establecimiento de educación primaria y secundaria «hasta nuevo aviso».
Con al menos 806 personas asesinadas, heridas o secuestradas en enero pasado y unos 300 pandilleros muertos o heridos, el comienzo de 2024 fue particularmente violento, según denunció a principios de febrero el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En octubre pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU dispuso el envío a Haití de una misión multinacional encabezada por Kenia, pero su aplicación efectiva está tardando, principalmente debido a una decisión judicial de Nairobi.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, instó el jueves desde Brasil a acelerar la creación de esta fuerza policial.
