La oposición política y medios afines están manipulando las declaraciones del presidente de la república, Nayib Bukele, quien anunció que por primera vez en la historia el presupuesto general del Estado no requerirá de préstamos, pues sería presentando a la Asamblea Legislativa totalmente financiado.
Tanto el mandatario como el Ministerio de Hacienda explicaron en su momento que no se acudirá a financiamiento externo para cubrir gasto corriente, pues estaba cubierto en el presupuesto estatal con los ingresos previstos.
Pero al anunciarse en el congreso sobre un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $60 millones, los diputados de partidos de oposición no tardaron en señalar la aparente contradicción.
«La pregunta es ¿no dijo en septiembre del año pasado que este presupuesto iba a ser totalmente financiado?, pero al final de cuentas, porque el poder lo maneja una sola persona en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial no nos podemos sorprender de que cambien de decisión como cambian de camisa cada día», expresó Francisco Lira, diputado de ARENA.
Claudia Ortiz, de VAMOS, expresó que se trata de una «voracidad» hacia el uso de fondos públicos. «Están endeudando a las próximas generaciones y los resultados no se ven. Hay préstamos y préstamos, fueron más de $600 millones en garantías soberanas y de eso no se dice nada. Creo que hay una falta de rendición de cuentas», dijo en la sesión plenaria.
El proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2025, que fue presentado al congreso por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el 30 de septiembre de 2024, especificó que el gasto corriente, es decir, los fondos utilizados para pago de salarios y otros, sería completamente financiado, sin recurrir a préstamos externos.
El 7 de febrero de 2025, la Asamblea autorizó al Ministerio de Hacienda suscribir el préstamo con el BID por $60 millones para invertir en el Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador, con el propósito de instalar y equipar un centro de datos y capacitar en las habilidades necesarias para manejarlo.
Se prevé beneficiar a 57 entidades públicas, a cerca de 1,140 trabajadores de tecnologías de información y a más de 10,000 funcionarios públicos para facilitar el acceso a datos de forma digital, posibilitando servicios en línea a la población.
Los usos planteados en ese proyecto se enfocan en la inversión pública, pues la mejora de los servicios de las instituciones del Estado reduce la burocracia, el tiempo y los recursos económicos que la población invierte al momento de hacer trámites en las instituciones.
Aún con las explicaciones brindadas por el Ejecutivo, los diputados de partidos de oposición siguen tergiversando el fin de las solicitudes de financiamiento externo para inversión.
