América Latina y el Caribe enfrentan una transformación demográfica acelerada: la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, junto con el aumento de la esperanza de vida, está dando lugar a una población envejecida.
Es en este contexto que la situación de las juventudes rurales adquiere un carácter relevante. La migración persistente del campo a las ciudades, lejos de ceder, se intensifica, profundizando desigualdades y debilitando las comunidades rurales.
Este éxodo tiene múltiples causas. Las zonas rurales arrastran históricamente deficiencias en infraestructura, servicios básicos, conectividad, oportunidades educativas y laborales.
A esto se suma la escasa representación juvenil en los espacios de decisión y un imaginario social que presenta la vida urbana como sinónimo de progreso. Las juventudes rurales, sin perspectivas de desarrollo, optan por migrar a ciudades intermedias, capitales o incluso al extranjero, en muchos casos hacia trabajos informales y entornos de precariedad.
Este fenómeno no solo afecta a quienes se van. También tiene consecuencias graves para los territorios de origen: pérdida de capital humano, ruptura del relevo generacional en la agricultura, deterioro del tejido comunitario y abandono de tierras productivas. Al mismo tiempo, las ciudades receptoras enfrentan la sobrecarga de servicios, expansión desordenada y nuevos focos de exclusión.
Frente a este panorama, urge cambiar el rumbo con acciones concretas y articuladas que coloquen a la juventud rural en el centro de una estrategia de desarrollo sostenible.
Revertir el éxodo no implica impedir la movilidad, sino generar alternativas reales para que quedarse también sea una opción deseable. Esto requiere, en primer lugar, fortalecer las condiciones básicas para la vida en el campo: inversiones en transporte, conectividad digital, salud, vivienda, acceso a la tierra y educación.
Para generar un círculo de crecimiento virtuoso se requiere, además de las políticas públicas promovidas por los Estados, la confluencia del sector privado, las organizaciones comunitarias y la cooperación técnica internacional.
Un eje fundamental de esta transformación es la educación secundaria y técnica en los ámbitos rurales, el aprovechamiento de los nuevos conocimientos que se desarrollan en la frontera de la ciencia y la contribución de las universidades. La educación debe ser pertinente, de calidad y estar alineada con los desafíos del siglo XXI, incorporando saberes digitales, innovación agropecuaria y vínculo con el entorno productivo.
Las universidades tienen un rol clave como generadoras de conocimiento y agentes de articulación territorial. Fortalecer los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en conexión con la ruralidad permitirá aprovechar el potencial transformador del agro digital y de los nuevos saberes de las biociencias aplicadas al campo.
Otro componente esencial es el impulso a un ecosistema de agroemprendimientos juveniles. Es necesario desplegar políticas de apoyo productivo, financiamiento accesible, formación técnica y acompañamiento integral.
Este ecosistema debe facilitar el acceso a tierras, infraestructura y mercados y ofrecer marcos de sostenibilidad, inclusión de la mujer rural y participación comunitaria.
El sector privado debe ser convocado como aliado para la creación de empleo y dinamización económica, mientras que la cooperación internacional puede contribuir con recursos, formación y transferencia de tecnologías.
En suma, se trata de reconocer a los jóvenes rurales como protagonistas del futuro.
Desarrollar sus capacidades, garantizar su derecho a elegir dónde y cómo vivir e integrarlos en las estrategias de desarrollo del campo es indispensable para revertir las tendencias actuales. Apostar por la juventud rural es apostar por la cohesión social, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de toda la región.
El tiempo de actuar es ahora.
