Las anteriores propuestas de reforma que, desde mi óptica como sociólogo, representan el establecimiento de un nuevo «contrato social» con el pueblo salvadoreño debido a que han pasado ya 41 años y los tiempos han cambiado son previas para dar el siguiente paso hacia la consolidación de una plena democracia.
La estructuración del poder y de cómo este se construye han variado de modo tal que los antiguos paradigmas de hacer política han sido derrotados, rotos y reestructurados por nuevos liderazgos políticos y, por consiguiente, con aritmética legislativa única en su género, es decir, 90 % de la Asamblea Legislativa en línea con un Ejecutivo respaldado por 2.7 millones de votos, algo jamás visto, lo que implica que entre la población salvadoreña existe una perfecta toma de conciencia del rumbo que el gobernante electo, Nayib Bukele, debe darle al país; obviamente con el acompañamiento de los otros dos poderes del Estado, o sea, el Legislativo y el Judicial.
Es imperioso hacer los ajustes respectivos, y es cuando reviste vital y trascendental importancia el hecho de que nuestra Carta Magna sea revisada y adaptada a los nuevos tiempos, es decir, las reformas a la Constitución son en este momento una «urgente necesidad histórica», la que es adversada por la oposición política a la visión del presidente Bukele que, por demás está decirlo, es la visión de la población.
El vicepresidente Félix Ulloa y un connotado equipo de abogados especialistas en temas constitucionales trabajaron un documento. Este equipo «ad hoc» que considera al paquete de reformas «un programa de gobierno» sugiere 216 reformas de un universo de 274 artículos que tiene nuestra Constitución, es decir, el 79 % de la actual Carta Magna —a criterio de este equipo «ad hoc»— debería ser reformado y actualizado a los nuevos tiempos, estableciendo un nuevo contrato social. Es decir, el establecimiento de un andamiaje jurídico nuevo y acorde con los nuevos tiempos, donde los criterios sean cuanti cualificables y que la nueva normativa jurídica de orden constitucional corresponda a los nuevos tiempos.
Acá lo importante es lo que la población demanda y no un grupúsculo denominado oposición política, cuyos discursos ochenteros se han quedado patinando en el tiempo, y para quienes la nueva historia ya no tiene espacio. Caso concreto, la minúscula representación legislativa reducida a tan solo tres diputados, lo que representa el 5 % de 60 escaños, lo cual la vuelve intrascendente y sin cintura para incidir en la toma de decisiones de nuestro país. En ese grupúsculo de personajes impresentables circulan desde exfuncionarios en diferentes estamentos de los gobiernos de ARENA y del FMLN; periodistas de medios financiados por agentes externos, quienes —como cualquier mercenario— financian luchas infructuosas; financistas, es decir, representantes del gran capital salvadoreño, que desde el telón intentan mover los hilos de quienes ellos históricamente patrocinan. Reducen sus discursos a tratar de hacer creer que vivimos en una dictadura; nada más alejado de la realidad, pero ellos son así, deseando le vaya mal a nuestro país, buscando desacreditar el establecimiento de una nueva república fundamentada en principios y valores democráticos, fundamentada en el reconocimiento del 100 % de países como un gobierno electo de forma democrática; pero lo más impresionante y a la vez determinante y contundente, elegido por casi 3 millones de salvadoreños, muchos de ellos radicados en el exterior.
El contrato social, reformas a nuestra Carta Magna, recoge las aspiraciones de un pueblo ávido de justicia, de caminar hacia el desarrollo sostenible y sustentable. Un país que luego de haber vencido el cáncer de la delincuencia demuestra una vez más ser terco, como el izote que a pesar de ser macheteado no se da por vencido, siempre resiliente, y viendo hacia un futuro promisorio, es decir, estableciendo un nuevo contrato social.
