La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una investigación en contra del dirigente efemelenista Eugenio Chicas por enriquecimiento ilícito de más de $130,700 cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El también excomandante guerrillero fungió, además, como diputado, diputado del Parlamento Centroamericano, director propietario en la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y como secretario de Comunicaciones en el gobierno del prófugo Salvador Sánchez Cerén, que también ha sido procesado por corrupción.
La reacción inmediata de Chicas y de sus aliados, entre los que se cuenta Rónal Umaña (que también fue diputado e incluso fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y que ahora enfila sus críticas contra el Gobierno como una de las cabezas visibles de la oposición), es que se trata de una «persecución política» en contra de un opositor.
Nada más lejos de la realidad. A Chicas, de acuerdo con las investigaciones de Probidad, se le han detectado indicios de enriquecimiento ilícito mientras dirigió el TSE y, al mismo tiempo, formaba parte de la junta directiva del RNPN, además de su paso por el Parlacen. Es decir, es una persecución, sí, pero en contra de la corrupción, el signo distintivo de los gobiernos del FMLN y de sus aliados de ARENA.
Chicas llegó al frente del TSE con el primer gobierno del FMLN. Actuó con el apoyo de los magistrados de ARENA y luego sus decisiones polémicas fueron encubiertas por otro correligionario, Julio Olivo, quien lo sucedió como presidente del Tribunal Electoral.
Lo más fácil para los funcionarios de los gobiernos pasados involucrados en malos manejos de fondos es declararse víctimas de una persecución política en lugar de reconocer su responsabilidad. De hecho, la Sección de Probidad de la CSJ investiga a 33 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN, a quienes señala de haberse apropiado de $35.9 millones entre enero de 2015 y mayo de 2022.
Algunos de los compañeros de armas de Chicas abandonaron el país para huir de los procesos judiciales, empezando por Sánchez Cerén y Mauricio Funes, que se instalaron en Nicaragua, bajo la protección de Daniel Ortega. Otros más se fueron a México, también para escapar de la justicia.
El pueblo salvadoreño votó para superar la posguerra y los gobiernos de ARENA-FMLN y, con ello, limpiar las instituciones, como la misma Asamblea Legislativa (renovada y puesta en servicio del pueblo y no de cúpulas partidistas) y el Órgano Judicial, que ahora ya no protege a pandilleros ni a criminales de cuello blanco. Son a estos los que se persigue para que paguen por sus delitos.
