Una de las bases del éxito en las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele es haber declarado la guerra completa y total a las pandillas. Las administraciones de ARENA y del FMLN quisieron hacerle creer a toda la nación que la erradicación de las maras era una tarea imposible. Sus ideólogos en los órganos de propaganda llegaron a decir que los pandilleros «eran necesarios en la sociedad», que si ellos no estaban otro grupo iba a retomar su espacio.
Lo que el Plan Control Territorial y el régimen de excepción demostraron es que, cuando un Gobierno tiene la convicción, el valor y la determinación de hacer cumplir la ley —debido a un profundo compromiso con el pueblo salvadoreño—, no hay reto que no pueda ser cumplido.
Con la ley de su lado, las fuerzas de seguridad del Estado capturaron a los pandilleros que, por décadas, impusieron el terror en todo el país. Gracias a la depuración del Órgano Judicial y a la implementación del programa de disciplina y orden en el sistema penitenciario, más de 84,000 integrantes y colaboradores de las maras fueron sacados de las calles.
ARENA y el FMLN se opusieron a la guerra contra las pandillas casi con la misma vehemencia que poco después atacaron a la guerra contra la corrupción, un paso lógico para implementar en El Salvador un verdadero Estado de derecho.
¿Qué habría sido de El Salvador si los enormes recursos drenados por la corrupción se hubieran destinado para los fines para los que estaban destinados? Millones de dólares desviados a las cuentas de políticos corruptos cercenaron recursos para el desarrollo, la salud, la educación y la seguridad.
Millares de familias salvadoreñas perdieron seres queridos con las maras, debido a la negligencia y hasta complicidad de los gobiernos de ARENA y del FMLN. Héroes de las fuerzas de seguridad murieron porque esos gobiernos no les dieron equipos adecuados para enfrentar al crimen.
El combate a la impunidad incluye perseguir todos los delitos, especialmente aquellos cometidos contra el pueblo salvadoreño, como la apropiación de recursos del Estado por exfuncionarios que confiaban en que la alianza entre ARENA-FMLN les confería protección por sus crímenes.
Capturar a funcionarios, exfuncionarios o activistas de los partidos por los delitos que han cometido no es persecución política. Es combate a la corrupción, un paso fundamental para la justicia en El Salvador.
