De acuerdo con informaciones facilitadas por el general de la PNP, Augusto Javier Ríos, una persona ha resultado muerta la víspera durante la toma violenta del puente Chao, en la ciudad liberteña de Virú, tras haber sido presuntamente impactada por una «piedra en la cabeza».
El funcionario aclaró, en ese sentido, que este deceso no ha sido «por acción de la policía ni por arma de fuego», pues tras realizarse la necropsia de ley se determinó que habría sido por «golpe con objeto contundente».
Ríos adelantó que las autoridades correspondientes harán los trámites de ley para avanzar en la investigación de esta muerte.
El cuerpo policial presume que esta víctima mortal, la primera en el norte de Perú, era parte «de los vándalos que están en la zona» generando destrozos en los disturbios.
Por otra parte, el funcionario indicó que hasta el momento han detenido aproximadamente a 10 personas en la localidad, la mayoría capturadas en flagrancia, rompiendo vidrios, bajando llantas de los automóviles, atacando comisarías o quemando municipalidades.
La Policía Nacional informó hoy en un comunicado que del 7 al 13 de diciembre han detenido a 71 personas por «alteración al orden público» en Lima, en La Libertad, así como en los sureños departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica.
Sostuvo que están presuntamente «implicadas en el delito contra la tranquilidad pública, la paz pública y en disturbios».
En contexto de la violencia desatada en las manifestaciones, el Gobierno declaró este miércoles un estado de emergencia por 30 días calendario en todo el Perú para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional controlen la situación en el país.
Esta medida, que ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal, explicó más temprano el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Las protestas en Perú iniciaron el pasado 7 de diciembre y se intensificaron el último fin de semana, bajo la exigencia de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la liberación del exmandatario Pedro Castillo, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales.
Boluarte informó hoy que ha conversado con autoridades del Congreso y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para hacer un reajuste sobre los plazos técnicos y adelantar las elecciones, con lo que podrían celebrarse en diciembre de 2023.
