El presidente del consejo de ministros de Perú, Alberto Otárola, planteó que el Gobierno de esa nación suramericana quiere imitar las políticas de seguridad pública que el presidente Nayib Bukele implementa en nuestro país.
«El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina», dijo el funcionario ante periodistas de medios de comunicación de Perú, nación que actualmente sufre el flagelo del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en las altas esferas de la política.
Otárola anunció que para enfrentar ese panorama delictivo trabajarán en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, mejorando el combate contra el crimen organizado, como ocurrió en El Salvador por medio del Plan Control Territorial (PCT).
Las declaraciones de Otárola fueron retomadas por medios de comunicación de Perú, como el «Diario Correo», que publicó en su portada delayer: «Plan Bukele entra a debate».
En El Salvador, la implementación de la fase III del PCT (de siete en total), conocida como Modernización, permitió al Ejecutivo asignar recursos para la compra de chalecos blindados, armamento y vehículos para las tareas de seguridad de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil (PNC). El PCT lo puso en marcha Nayib Bukele en junio de 2019.
El funcionario peruano también anunció que ya pidieron al Congreso al menos 50 reformas de ley «para hacer a la Policía más eficiente contra el crimen organizado».
En nuestro país, la Asamblea aprobó en abril de 2022 (un mes después de la implementación del régimen de excepción) un pliego de reformas solicitadas por el Ejecutivo para aumentar las penas carcelarias contra miembros y cabecillas de las pandillas.
Bajo el PCT y el estado de excepción han sido capturados más de 72,000 pandilleros, y se registra el decomiso de armas de fuego y municiones, droga, casas y vehículos. La tasa de homicidios se desplomó hasta 2.2 por cada 100,000 habitantes.
A inicios de esta semana el presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, anunció que ese país podría retomar la experiencia de justicia de El Salvador para replicar elementos positivos relacionados con la seguridad y la disminución de la tasa de asesinatos.
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