La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador ha emprendido una profunda transformación durante el período 2022-2025, centrada en la eficiencia, la modernización y, sobre todo, en un enfoque humano hacia los ciudadanos. La institución ha optimizado su estructura interna, eliminando redundancias y fortaleciendo la capacidad operativa de sus procuradores auxiliares en el territorio. Este esfuerzo se alinea con la visión del Estado salvadoreño de optimizar los recursos y mejorar la efectividad de la gestión pública.
Uno de los pilares de esta transformación es la modernización de los servicios a través de la implementación de proyectos tecnológicos clave, como Caval, RPA y Siapp. Estas iniciativas han permitido la atención legal virtual, la administración integrada de procesos y una gestión más eficiente de los casos, todo con una inversión menor a la que se había previsto en administraciones anteriores. Caval, por ejemplo, ha facilitado el acceso a la justicia al proporcionar asesoría y orientación legal en línea, gestión de citas y atención especializada a través de líneas telefónicas y cabinas virtuales. Se estima que estas herramientas han generado ahorros significativos para la población al reducir los gastos de transporte, alimentación y tiempo de espera.
La PGR también ha fortalecido su compromiso con los grupos vulnerables. Se ha creado la Procuraduría Especializada para la Niñez y la Adolescencia, se han adecuado los procedimientos de atención legal y se han establecido ludotecas para brindar un espacio seguro y de apoyo a los niños. Además, se ha mejorado la atención a las mujeres sobrevivientes de violencia y discriminación, con un incremento en las asesorías y asistencias legales, psicológicas y sociales, y la implementación de programas como la línea 24/7 Estamos Contigo.
La mediación se ha consolidado como una herramienta efectiva para la resolución de conflictos, con la reforma de la normativa y la expansión del servicio a escala nacional. Se han incorporado nuevas modalidades de atención, como la mediación penal, virtual, electoral y comunitaria, demostrando resultados positivos en la resolución de casos y la recuperación de montos adeudados.
En el ámbito de los derechos laborales y patrimoniales, la PGR ha defendido los derechos de los trabajadores, recuperando salarios y brindando asistencia a un gran número de personas. También ha facilitado la recuperación económica a favor de los usuarios y ha ofrecido servicios de agrimensura y asesorías notariales.
La inclusión ha sido otra prioridad, con la implementación de atención en Lengua de Señas Salvadoreña (Lessa), la traducción de documentos al sistema braille y la atención especializada a personas en movilidad humana y pueblos indígenas.
La PGR también ha fortalecido la Defensoría Pública Penal, garantizando la asistencia legal y digitalizando los procesos. En el ámbito del derecho de familia, ha automatizado los servicios, ha agilizado los trámites y ha creado el Registro de Pensión Alimenticia (RPA) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
No omito destacar la creación de la Procuraduría Especializada de Atención Psicosocial, que ha permitido priorizar la salud mental de las personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo atención psicosocial emergente, estudios psicológicos, procesos psicoterapéuticos y asesoría especializada.
En resumen, la PGR, bajo la administración del procurador René Gustavo Escobar Álvarez y su equipo de trabajo, ha logrado avances significativos y relevantes en la transformación de sus servicios, beneficiando directamente a un gran número de salvadoreños y generando un impacto positivo en la sociedad. En mi opinión, se ha ganado, con base en resultados, la continuidad y oportunidad de un nuevo período para continuar la transformación, la modernización y la búsqueda de la mejora continua por tres años más.
