El proceso penal en contra de 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes a quienes la Fiscalía General de la República acusa de haberse favorecido con sobresueldos entre los años 2009-2014, evidencia un plan criminal muy bien gestado para apropiarse de fondos públicos mediante mecanismos irregulares disfrazados en cobro de emolumentos que con la venia del prófugo recibieron mensualmente, esos pagos no estaban incluidos en el salario nominal y lícito que recibían por el desempeño de sus cargos.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos reprocha esa conducta con delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero y señala que este nuevo expediente tiene su origen en el caso «Saqueo Público» donde 31 personas esperan audiencia preliminar en el Juzgado Octavo de Instrucción, Funes aparece en esa carpeta judicial como el principal señalado de sustraer $351,035,400 de la cuenta subsidiaria del tesoro público la cual fue alimentada con fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda que estaba bajo la responsabilidad de Carlos Enrique Cáceres Chávez.
Las pesquisas del nuevo expediente reiteran ese «mecanismo sofisticado» que en «Saqueo Público» se evidenció ya que en el quinquenio de Funes en la Presidencia de la República hubo varias modalidades para saquear las arcas del Estado y luego perder el rastro del dinero.
La principal estrategia fue utilizar los fondos de gastos reservados de la Presidencia, incrementándolos para después sustraerlos de forma ilícita, al inicio Casa Presidencial disponía de $80,818,285 que fueron avalados por la Asamblea Legislativa.
Pero el plan criminal gestado supuestamente por Mauricio Funes consistió en pedir refuerzos presupuestarios a través de notas enviadas a su ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el entonces titular de esa cartera de Estado les transfirió $54 millones.
El 25 de agosto de 2010, a Funes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le cerró las puertas para seguir solicitando refuerzos presupuestarios mediante notas ya que le declaró ilegal ese mecanismo de trasferencia de fondos públicos.
Con el candado puesto por el máximo tribunal de justicia, Funes, adoptó una nueva estrategia para seguir amasando más dinero y creo en Casa Presidencial los gastos imprevistos para que el Consejo de Ministros a solicitud del entonces secretario privado de la Presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña, quien está con arresto domiciliar por el caso «Saqueo Público» autorizaban las transferencias de los fondos para gastos imprevistos. Esta información la confirmó el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres cuando la Fiscalía lo llamó a declarar en calidad de testigo, en las pesquisas previas a judicializar el caso «Saqueo Público».
Los sobresueldos pagados a estos 10 exfuncionarios de la administración presidencial de Funes, es una de las formas detectadas por la Fiscalía para blanquear el dinero sustraído del erario, y es según la acusación, el primer caso que se pone a la orden de un juez por esa modalidad.
En el expediente «Saqueo Público» otros tipo de lavado de dinero practicados por Funes fueron la utilización del sistema financiero para hacer transferencias, la compra de vehículos propios y ajenos, adquisición de inmuebles a través de testaferros, arrendamiento de inmuebles para sus más cercanos amigos y funcionarios de gobierno, viajes de placer a por lo menos 20 países del mundo, entrega de dinero a terceros, compra de armas de fuego utilizando prestanombres, pago de atención hospitalaria no solo para familiares sino que también para otro tipo de personas cercanas a sus funcionarios, compra de artículos de lujo, simulación de contratos, pago de construcciones y remodelaciones inmobiliarias, transferencias de dinero sin justificación legal a personas naturales y entes jurídicos, pago de impuestos a terceros y manejo en efectivo.
Todo ese despilfarro llevó a un incremento del 50.92% del presupuesto total ejecutado por la Presidencia de la República, la minuciosa investigación detalla que durante los cinco años Funes, aumentó el presupuesto en Casa Presidencial a $689,351,693.
LA NUEVA ACUSACIÓN
Los fiscales a cargo de la nueva causa penal aseguran que la prueba es muy contundente, al grado que constan anexados al expediente recibos originales que confirman las entregas de sobresueldos, a dichos documentos decomisados en el año 2019 se les hizo pruebas de grafotecnia y el resultado es positivo, las firmas en esos recibos son de los 10 exfuncionarios ahora procesados.
Los imputados que fueron detenidos por la Policía tras orden de la Fiscalía son: el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez, la exministra de Salud, Violeta Menjívar; el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández; el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega.
Mientras que en calidad de ausentes son procesados, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de exvicepresidente de la República; Manuel Orlando Quinteros Aguilar [Gerson Martínez], exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo Belarmino López Suarez, exministro de Agricultura y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía pretende que se tramite con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol para El Salvador, la difusión roja, con miras a localizarlos y ser extraditados.
Los sobresueldos avalados por Funes a 10 exfuncionarios según Fiscalía
1 Salvador Sánchez Cerén $530,000
2 Carlos Enrique Cáceres Chávez $210.000
3 Violeta Menjívar $177,000
4 Manuel Orlando Quinteros Aguilar $290,000
5 Calixto Mejía Hernández $208,000
6 Erlinda Handal Vega $162,000
7 José Guillermo Belarmino López Suarez $565,000
8 José Manuel Melgar $150,000
9 Hugo Alexander Flores Hidalgo $174,000
10 Lina Dolores Pohl $177,000
