Los analistas Tahnya Pastor y Juan Maldonado están a favor que continúe el régimen de excepción, medida constitucional aprobada el 27 de marzo pasado por la Asamblea Legislativa para que el Gobierno Central combata a las pandillas.
El martes anterior, la Asamblea Legislativa aprobó la cuarta prórroga del régimen de excepción, por otros 30 días, cuya vigencia inició el jueves pasado, con la publicación del decreto en el Diario Oficial.
Para Maldonado -quien ayer participó en la entrevista Diálogo con Ernesto López- los resultados en cuanto a las capturas y la judicialización de los casos serán sostenibles en el tiempo si se mantiene vigente la medida constitucional.
«Es indiscutible que este proceso [la prórroga] se iba a dar y se va a seguir dando por dos razones. Primero: la ampliación de los tiempos para los procesos de investigación y judicialización de estos casos. Es decir, porque si se para ahí [el régimen de excepción] se acortan los tiempos de los procesos, de las audiencias y pueden perderse muchos casos [judicializados]. Segundo, los últimos dos ataques a los cuerpos de seguridad evidencian que las pandillas, aunque minimizadas, siguen teniendo impacto dentro de su actuar. Esas son las dos razones por las que se justifica [la prórroga]», argumentó el analista.
Con la extensión de la medida continúa la suspensión de garantías constitucionales relativas a la libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia.
Para Pastor, los 15 días que dura el plazo de la detención administrativa durante el régimen de excepción son suficientes para que el sistema judicial articule sus esfuerzos e impida que los pandilleros capturados queden en libertad y escapen de la justicia.
«Esa suspensión de garantías [constitucionales] que hay actualmente y los 15 días que ofrece el régimen [de excepción] sí son necesarias para que se pueda, masivamente o en términos de 100 o 200 personas simultáneamente, evitar una tramitología que se prolongue en el tiempo y que no permita que estos grupos puedan reagruparse y huir», valoró la analista.
En la solicitud para la prórrogapor otro mes el Ejecutivo informó que desde el inicio de la medida constitucional las autoridades han realizado más de 46,000 capturas, incluidas «la mayoría de los principales líderes de los grupos terroristas».
Sin embargo, señaló que «es imperioso combatir» la «evolución» de los grupos terroristas que incluso han atacado a los miembros de «seguridad pública» y «defensa nacional».
En los últimos días los pandilleros emboscaron y asesinaron a tres elementos policiales cuando desarrollaban un operativo en la ciudad de Santa Ana. Asimismo, un soldado que participaba en un operativo murió en un ataque armado de terroristas en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. Los responsables de ambos hechos ya fueron capturados y enfrentan el proceso penal.
En relación con este tema, los dos analistas también mostraron su beneplácito a que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara esta semana que no procesará penalmente a los policías y soldados que en legítima defensa causen bajas de pandilleros.
