En el debate sobre lo constituyente —causa originaria— y lo constitucional —acto subordinado— surge el dilema en torno al límite del derecho del pueblo a no tener límites, de ningún tipo, cuando se trata de organizar-reorganizar su vida colectiva.
Y es que, hoy por hoy, el proceso para redactar una nueva Constitución es un producto directo y, ante todo, democrático, de la voluntad ciudadana, en lo jurídico-político, del habitus político de la sociedad, y de él surge su talante políticamente privilegiado y jurídicamente vinculante para que el poder constituyente (que dijimos radica exclusivamente en el pueblo como sujeto político-electoral) actúe de forma expedita dentro de un Estado y normativa preexistentes —que están subordinados a dicho poder— en función de concretar una nueva institucionalidad.
La noción concreta de poder constituyente —el cual ha estado secuestrado por los templarios del poder constitucional— considera como único depositario al pueblo (en su talidad como cuerpo político movilizado en la sociedad y como titular indiscutible de él), lo que invalida la participación definitoria de otros individuos, grupos o instituciones que a lo largo de la historia le expropiaron dicho poder, al vaciarlo de su contenido esencial e inalienable —«per se»—, y ese ha sido el acto antidemocrático más perverso y sostenido.
En sentido estricto, en todos los años anteriores a la segunda década del siglo XXI no se puede hablar de la existencia de una democracia real en el país, porque el poder constitucional se sobrepuso al constituyente, con el objetivo de mantener intactos los gendarmes de la gobernabilidad: la corrupción, impunidad y violencia contra el pueblo, el que fue convertido en objeto de la Constitución, cuando es el sujeto de esta.
En términos sociológicos, más importantes que los jurídicos petrificados por los abogados pétreos, poder constituyente es sinónimo de poder ciudadano, comprendido este último como el poder originario, soberano y acumulado en silencio por el cuerpo político de la sociedad, razón por la cual tiene el derecho pleno y elemental de gobernarse a sí mismo, por medio de otros, que son sus subordinados, y el derecho a la plena autonomía sin protocolos, obstáculos artificiales o normativas tramposas puestas en el poder constitucional, debido a que este no existe antes del poder constituyente, ni lo supedita, o sea que no es preexistente.
Siendo así, en un sistema democrático que conjuga lo constituyente con lo constitucional ninguna fracción puede apropiarse, ni con la coartada de causas singulares, del poder del pueblo, y mucho menos sustituirlo. Por tal razón, a la voluntad colectiva de cambiar la Constitución solo se le debe dar trámite en los recintos legislativos, cuando esa voluntad deriva —como en el caso salvadoreño— de la confianza que se tiene en un liderazgo político del talante de Nayib Bukele, ya que al habitus político de la sociedad —como constructo cultural— le pertenece el derecho inalienable a autodeterminarse política y jurídicamente.
En esa lógica, las asambleas legislativas son, a lo sumo, decodificadoras y ejecutoras de la voluntad popular, de la misma forma en que, en nuestro caso, lo ha sido cuando bajo un liderazgo hasta hoy incuestionable resolvió el problema de la seguridad ciudadana, pues ese era el problema urgente. En ambos casos se trata de asumir una posición democrática frente a decisiones igualmente democráticas que hay que operativizar para darle sentido a lo electoral.
En definitiva, una Constitución —como reflejo del poder constituyente que habita en el pueblo— tiene durabilidad relativa —siempre será relativa, por ser un producto histórico coherente con el tiempo-espacio— si es obra de la participación de los sectores mayoritarios que le dan forma y contenido a la sociedad —política y civil—, para que le dé rumbo a la reinvención social, en función social. Ese no es el caso de la Constitución de 1983, ya que fue redactada para hacerle la guerra al pueblo por todos los medios posibles, la cual se pretende mantener incólume para mantener intactos los intereses de los victimarios, quienes en materia constitucional han hecho de ella una condena a cadena perpetua de la población.
