La operación forma parte de la investigación por el homicidio a balazos de un abogado en 2023, en la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste).
La Policía Federal dijo en una nota que «descubrió la existencia de una organización criminal responsable por la práctica de delitos como espionaje y homicidios bajo encargo».
La policía detuvo a cinco personas y cumplió seis órdenes de allanamiento en los estados de Mato Grosso, Sao Paulo y Minas Gerais (sureste).
Según el jefe de la agencia para la defensa legal del Estado (AGU), Jorge Messias, la pandilla estaba integrada por civiles y militares que cobraban hasta 250.000 reales (unos 44.000 dólares) para vigilar y planificar asesinatos de jueces de la corte suprema y otras autoridades.
«Choca por su audacia y por su insensatez. Se trata de un absurdo sin precedentes en el país, alimentado por discursos de odio de quienes no tienen compromiso con la democracia», apuntó en un mensaje en X.
Consultado por la AFP, el presidente de la corte suprema, Luís Roberto Barroso, dijo que la investigación «es confidencial y está en su fase inicial». «Todavía no es momento de formular conclusiones», afirmó.
Senadores y diputados brasileños también estaban en la mira del grupo criminal, autodenominado «Comando C4» o «Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales», indicó el portal de noticias g1.
Según ese sitio, los sospechosos habrían evaluado el uso de pelucas y también la contratación de trabajadores sexuales para atraer a las potenciales víctimas.
El abogado Roberto Zampieri fue asesinado con varios impactos de bala en diciembre de 2023, debido a una disputa por un terreno agrícola valorado en 100 millones de reales (17,5 millones de dólares), de acuerdo con la policía de Cuiabá.
Los más altos jueces de Brasil han sido objeto de amenazas y ataques recientes.
En noviembre, un individuo murió al hacerse estallar frente al edificio de la corte suprema en Brasilia, en un ataque que según las autoridades tenía posibles vínculos con la asonada de enero de 2023, cuando miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro depredaron las sedes de los poderes públicos.
Bolsonaro es juzgado ante la corte suprema señalado de liderar un supuesto plan golpista que, según la fiscalía, incluía la vigilancia y el asesinato del juez de ese tribunal Alexandre de Moraes.
