Rebelo de Sousa solicitó al Tribunal Constitucional una opinión «urgente», en un «plazo de 15 días», según una nota publicada en el sitio internet de la presidencia.
La decisión del jefe de Estado se produce tras consultar esta semana a los partidos representados en el Parlamento sobre esta ley, aprobada el 16 de julio con los votos de la coalición de gobierno de derecha y de la extrema derecha, que se convirtió en mayo en la segunda fuerza política del país.
Estas nuevas disposiciones reorientan la inmigración hacia perfiles más cualificados y endurecen las normas sobre el reagrupamiento familiar.
Un reagrupamiento familiar «podría tardar, como mínimo, cerca de tres años y medio», lo que va en contra «del principio de unidad familiar y del interés superior del niño», según el presidente portugués.
También señala la falta de claridad legal y de «seguridad jurídica», ya que se limita el número de recursos posibles para los solicitantes, así como una posible violación «de los principios de igualdad y no discriminación» en varias de las medidas.
Los partidos de izquierda aplaudieron de inmediato la decisión del presidente, mientras que el partido de extrema derecha Chega alertó sobre un posible «caos migratorio» si esta ley no entra en vigor.
«Espero que esto no sirva de pretexto para que no haya control de fronteras», reaccionó André Ventura, líder de Chega.
Poco después de asumir el poder en marzo de 2024, el gobierno de Luis Montenegro endureció las normas migratorias, que hasta entonces eran de las más flexibles de Europa.
En particular, derogó una medida que permitía la regularización de inmigrantes que pudieran demostrar al menos un año de trabajo y cotizaciones a la seguridad social, incluso si habían ingresado al país con un visado turístico.
A finales de 2024 el país ibérico contaba con 1,55 millones de extranjeros, cuatro veces más que en 2017 y aproximadamente 15% de la población total, según datos oficiales.
