El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso mediante un decreto otorgar una amnistía migratoria por el periodo de ocho meses a la comunidad venezolana que se encuentra en el país y establecer un proceso extraordinario de regularización.
Este proceso se aplicará para los venezolanos en situación de movilidad humana y su grupo familiar que cuenten con su Certificado de Registro de Permanencia Migratoria caducado y que no han obtenido la Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE), dentro de los anteriores procesos de regularización, precisó el decreto difundido por la Presidencia.
El Gobierno ecuatoriano inició en 2022 un proceso de regularización migratoria para que la población venezolana pueda aplicar a un visado.
De acuerdo con el decreto, el proceso de regularización extraordinario tendrá una duración de ocho meses y como medida excepcional de reconocimiento de documentos vencidos «se aceptarán cédulas de identidad y pasaportes de hasta cinco años después de la fecha de su vencimiento o la de su prórroga».
El decreto presidencial también dispone al Ministerio del Interior habilitar un proceso extraordinario de registro de permanencia migratoria para la renovación del Certificado de Permanencia Migratoria y el otorgamiento de la Visa de Residencia Temporal de Excepción VIRTE II.
El visado será otorgado por la cancillería a los venezolanos que cuenten con toda la documentación migratoria en regla y que no sean considerados «una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado ecuatoriano».
Esto se determinará con base en alertas generadas por el Centro de Inteligencia Estratégica del Gobierno en coordinación con la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.
El formulario de solicitud de la visa VIRTE II será gratuito, sin embargo, el solicitante deberá pagar el valor de la visa y la orden de cedulación.
La visa tendrá una vigencia de dos años, prorrogable una sola vez por el mismo periodo.
La cancillería de Ecuador estima que en el país existen 96,980 venezolanos que requieren regularizar su estatus migratorio, lo cual permite su inserción social y económica.
