El presupuesto que se asigna cada año para el funcionamiento del Órgano Judicial ya no será fijado con base al 6 % de los ingresos corrientes del Estado, sino atendiendo a las necesidades y gastos planificados para el siguiente año fiscal, el cual, como el resto de órganos estatales, deberá ser explicado en la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa.
La asignación base de dicho porcentaje fue establecida por decreto del congreso que reformó el 31 de octubre de 1991 el inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución de la República.
Ese mismo inciso fue modificado ayer, sin los votos de ARENA y VAMOS, en el sentido de que el Órgano Judicial dispondrá anualmente de recursos según las necesidades razonables que presente, como parte de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, durante la sesión plenaria ordinaria 88, la cual tuvo el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Rivas indicó que la modificación a la asignación presupuestaria anual del Órgano Judicial busca «atender a las necesidades razonables de dicha institución y al principio de equilibrio presupuestario».
«El Estado salvadoreño debe tener prudencia fiscal, es decir, gastar según los ingresos reales, que el endeudamiento realmente vaya para aquellos proyectos, emergencias excepcionales, o ahorrar en época de bonanza, y evitar crisis profundas en el futuro», indicó Rivas.
La iniciativa señala que el principio de equilibrio presupuestario se refiere a que los egresos deben guardar una relación equivalente o proporcional a los ingresos.
«El principio de equilibrio no impone al Estado un deber de utilizar los recursos según su destino, sino el de mesura, puesto que la relación de proporcionalidad entre ingresos y egresos no supone un ecuación rígida que no admita cierto margen de diferencia entre unos y otros», señala el documento.
Uno de los argumentos presentados en la moción es que el Estado también tiene otras prioridades que deben ser atendidas, como la educación y la salud.
Respecto a ese punto, el movimiento Acción Ciudadana indicó ayer en un comunicado de prensa que la Asamblea ha creado un falso dilema entre los derechos a la salud, educación y la administración de la justicia.
«El acceso a la justicia es de igual relevancia que contar con servicios de salud adecuados y un sistema educativo de calidad», argumentó.
Parte de los argumentos planteados por los diputados de Nuevas Ideas es que los marcos normativos deben atender a las necesidades actuales. «La realidad histórica que tenía nuestro país en 1983, cuando se redactó la Constitución es diferente a la realidad que nosotros estamos viviendo», recordó la diputada Rivas.
Según el presupuesto estatal 2026 que se discute, el Órgano Judicial recibiría $533.4 millones, conforme al articulado que fue modificado ayer, con su debida ratificación.
