El presupuesto general de la nación y especiales para 2023 asciende a $8,902.7 millones y fue aprobado anoche por la Asamblea Legislativa con 67 votos. En total, $3,471.9 millones serán destinados para financiar la inversión en las áreas de educación, salud y seguridad pública.
El proyecto de gastos para el próximo año fue llevado el 30 de septiembre pasado al parlamento por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y luego fue sometido a una amplia discusión en el interior de la comisión de hacienda, que el pasado lunes aprobó el dictamen favorable, así como el de ley de salarios, que también fue avalado anoche con 67 votos.
Con su decisión en forma y en tiempo por segundo año consecutivo, el Legislativo dio certidumbre como parte del trabajo coordinado que efectúa con el Gobierno del presidente Nayib Bukele para que las obras y los programas de inversión pública a favor de la población salvadoreña sigan ejecutándose el año entrante.
Por ejemplo, $1,501.9 millones serán para la cartera de Educación, lo que representan un 5 % del producto interno bruto (PIB), lo cual impulsará el programa de salud y nutrición para atender al 100 % de los estudiantes del sector público con programas sociales y un nuevo enfoque en alimentación escolar, con atención especial en la primera infancia.
Además, el programa del Gobierno para los centros escolares públicos comprende la promoción de la lactancia materna y la vacunación de la niñez.
Para el área de salud pública, el presupuesto comprende $1,131.2 millones, que equivalen al 3.7 % del PIB. La primera infancia, niñez y adolescencia, la salud materna, la ampliación de cobertura, más infraestructura, medicamentos, insumos y equipamiento están entre las prioridades.
Para el rubro de justicia, seguridad pública y defensa la asignación es de $838.8 millones, que servirán para continuar financiando el Plan Control Territorial (PCT), que desde junio de 2019 ha llevado a que el país tenga decenas de días sin homicidios, se han recuperado zonas controladas por pandillas y se ha golpeado frontalmente el crimen común y el organizado.
A la cartera de Obras Públicas se le asigna un presupuesto de $679 millones, que serán destinados para la ejecución de proyectos de infraestructura vial y social.
Asimismo, $183 millones serán para financiar programas de atención a la primera infancia, la niñez y la adolescencia en el marco del trabajo que efectúa el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele.
También se destinan $1,739 millones para proyectos y programas de inversión que generarán un mayor crecimiento económico en el país.
La brecha del presupuesto es de $472.4 millones, es decir, $26 millones menos que la presentada para el actual ejercicio fiscal.
Zelaya ha dicho que las finanzas públicas están equilibradas, que el Gobierno honrará sus compromisos financieros y que para el próximo año no habrá incremento de salarios para funcionarios, pero sí se incluye el pago del escalafón para los empleados de las carteras de Salud, Educación y Cultura.
Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, recordó que el presupuesto 2023 no contempla —como en el pasado reciente— la erogación de dinero público para ONG con vínculos político-partidarios.
«Les reitero que no va ni un solo dólar para esas ONG fachadas ligadas a partidos políticos, como las que tiene Lorena Peña [exdiputada del FMLN]», aseguró Guevara.
Detalló que los gobiernos areneros y los efemelenistas tuvieron en tres décadas $89,000 millones en presupuestos, pero en 20 años de gobierno ARENA solo usó el 45 % y el FMLN en 10 años, el 55 %. «¿Dónde está el progreso que nos dejaron?», cuestionó Guevara.
En el nuevo presupuesto, el Ejecutivo cubre también todas las obligaciones generales. «El país va a cumplir cada una de sus obligaciones» nacionales e internacionales, dijo en su momento Zelaya, al referirse al pago de las pensiones, los programas sociales, litigios, el pago de la deuda externa, transferencias a instituciones, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a exportadores, los reportes del Banco Central de Reserva (BCR) y el servicio de la deuda pública.
Previo a la votación del presupuesto general, la Asamblea autorizó al Gobierno emitir títulos valores hasta por $1,139 millones para cumplir con el financiamiento complementario del presupuesto del Estado.
«El presupuesto 2023 presenta una brecha presupuestaria menor a la de 2022. Lastimosamente heredamos deudas de los gobiernos anteriores que debemos saldar», señaló William Soriano, diputado cian.
Como de costumbre, los diputados de las bancadas del FMLN y de ARENA, cuyos gobiernos dejaron una enorme deuda financiera que se debe pagar, al hacer uso de la palabra mostraron su indiferencia y criticaron la estructuración del plan de gastos anual. A su sintonía de constante crítica se unió la legisladora de VAMOS, Claudia Ortiz.
