La reducción de las lluvias que estuvieron asociadas al huracán Bonnie y a otros fenómenos climáticos ha permitido que el país retome todas sus actividades cotidianas. Sin embargo, las imágenes de satélite muestran una nueva onda tropical que traerá más precipitaciones sobre el territorio nacional.
La suspensión de las clases en todos los niveles ordenada por el presidente Nayib, y ejecutada por el Ministerio de Educación, tenía la finalidad de no exponer a peligros innecesarios a niños, jóvenes y maestros, debido a que las primeras tormentas ya habían saturado de agua los suelos, dejándolos susceptibles a deslizamientos y derrumbes.
Además, la fuerza del agua también dañó la red vial, por lo que procedía a llevar a cabo reparaciones, lo mismo que con varias decenas de centros escolares que reportaron caída de techos, muros y otros inconvenientes derivados de la ausencia de mantenimiento durante los gobiernos de ARENA y del FMLN o de construcción deficiente y con productos de mala calidad, promovida por la corrupción reinante en esta alianza política.
Suspender las clases y decretar un estado de emergencia para reconstruir lo dañado por las lluvias no es una exageración, como ha tratado de vender la oposición, sino que se trata de medidas sensatas para preservar la vida de los salvadoreños, mejorar sus condiciones de vida y prepararnos para futuros desastres.
Uno de los casos representativos de los desastres causados por la negligencia y la corrupción de administraciones pasadas es el colapso de una bóveda en la residencial Brisas de San Francisco, en San Salvador. Una colonia de clase media por la que sus habitantes pagaron grandes cantidades de dinero a constructores irresponsables que no hicieron bien su trabajo. Y todo con la anuencia de las autoridades de la época, tanto de ARENA como del FMLN.
Ahora, el Gobierno del presidente Bukele ha decretado alerta roja focalizada en esta residencial debido al riesgo en el que quedaron 37 casas. Las familias recibieron apoyo económico del Estado para pagar alquileres mientras el MOP construye una verdadera bóveda en la zona.
El Gobierno también brinda asesoría legal a los afectados que decidan hacer valer sus derechos en el sistema judicial.
Esta intervención ha sido necesaria para salvaguardar la vida y los bienes de estas familias, un resguardo que jamás tuvieron en administraciones pasadas, que estuvieron involucradas, de hecho, en la condición que hoy las aflige.
Así que los daños de las tormentas pasadas y las que se esperan en los próximos días también revelan la corrupción de los antiguos gobernantes. Y son problemas que ahora empiezan a tener solución, décadas después de su origen.
