El gobierno argentino anunció este viernes que una auditoría sobre el sistema de pensiones por invalidez detectó una «actividad fraudulenta a gran escala» y puso como ejemplo la radiografía de un perro usada para obtener la ayuda, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni.
Un médico adjuntó, «junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar, la radiografía de un perro», dijo Adorni en conferencia de prensa, mostrando una placa donde se ven claramente las vértebras de la cola de un animal.
Y agregó: «¡Y le otorgaron la pensión por invalidez! Uno puede confundir cualquier cosa, pero ¿qué se pensaban que era la cola del perrito? Este era el nivel de descontrol».
Con este y otros ejemplos, denunció «un desvío de fondos sólo en 2023 de casi un tercio de los 3.400 millones de dólares que se destinaron a pensiones por invalidez laboral en el transcurso de aquel año», explicó más tarde en su canal de Whatsapp.
Según el gobierno, la cantidad de pensiones por invalidez laboral pasó de 79.000 beneficiarios en 2003 a 1,2 millones veinte años después, en un país con 46 millones de habitantes.
Es un número «estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales», dijo Adorni.
Los primeros resultados de la auditoría que lleva a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), arrojó que unos 60.000 beneficiarios no cumplen los requisitos porque tienen propiedades o lujos, cuando la pensión por invalidez laboral ronda los 170 dólares al cambio oficial.
Agregó que el gobierno convocará a todos los pensionados para evaluar su justificación médica y su situación socioeconómica.
En mayo, defensores de los derechos de las personas con discapacidad se manifestaron en todo el país contra el ajuste fiscal del presidente Javier Milei, que incluye recortes de gastos, cierres de oficinas públicas, paralización de obras públicas, despidos y aumento de tarifas, mientras la recesión se instala y la inflación anual a junio se ubicó en 271,5%.
El sector, que acusa una persecución por parte del gobierno, enfrenta además de despidos, el cierre de oficinas provinciales y retrasos en los pagos, y pide declarar una emergencia en discapacidad.
