La Defensoría del Consumidor desplegó este sábado sus unidades para realizar una jornada de inspección de precios en tiendas de ropa, calzado, accesorios, panaderías y supermercados ubicados en uno de los centros comerciales más importantes de Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad.
La jornada fue encabezada por el presidente de la institución, Ricardo Salazar, quien remarcó que estas acciones son parte del Plan Fin de Año 2022, orientadas para proteger la economía de los salvadoreños en estas fiestas de Navidad y final de año.
«Este es un importante esfuerzo de nuestro Gobierno para brindar toda la seguridad a nuestra población, para que disfruten de esta temporada navideña y de fin de año. Estamos realizando una serie de acciones para evitar abusos en contra de nuestra población. Llevamos 217 inspecciones a escala nacional en el marco del Plan Fin de Año 2022», comentó.
Salazar explicó que, hasta el momento, se han encontrado 14 casos de incumplimiento de la ley, en acciones referentes a venta de producto vencido. La institución ha detectado hasta 250 productos que se han comercializado de manera ilícita, sobre todo en panadería, golosinas, sabrosadores, entre otros.
«Estamos realizando una serie de acciones para evitar abusos en contra de nuestra población. Hasta ahora podemos reportar 14 hallazgos de incumplimiento en temas vinculados a producto vencido, con más más 250 productos vencidos entre productos de panadería, boquitas, golosinas, sabrosadores en estanterías y cocinas de restaurantes», afirmó.
Durante la jornada, los elementos de la Defensoría del Consumidor también verificaron que los establecimientos comerciales cumplan con las ofertas que se anuncian, protegiendo así los derechos de los consumidores en esta época donde se vuelven frecuentes las promociones y ofertas para Navidad y Fin de Año.
«Hemos detectado incumplimientos en cuanto a la falta de información de promociones, ofertas y publicidad engañosa. En este tipo de casos también se activa el procedimiento sancionatorio, que puede derivar en multas de hasta 200 salarios mínimos», explicó Salazar.
