Noelia, como es conocida, falleció este jueves en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, en el que residía desde hace un tiempo, informó la televisión pública y otros medios españoles.
«A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta», había explicado en una entrevista emitida el miércoles en la cadena Antena 3.
El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar «un sufrimiento intolerable», siempre que cumpla unos estrictos requisitos.
Noelia, quien quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.
Igualmente, contó haber padecido posteriormente agresiones sexuales por parte de hombres e intentos de suicidio.
«Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, ¿y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años?», indicó durante la entrevista, en la que también participó su madre.
«Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir», agregó asegurando, sin embargo, que no quiere ser «ejemplo de nadie».
Lucha judicial
El caso de Noelia generó un gran impacto en España, país de profunda herencia católica, después de que su padre iniciara una batalla legal para detener la asistencia para morir que los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la región de Cataluña habían autorizado para su hija.
Poco antes de la primera fecha fijada, en agosto de 2024, el progenitor interpuso un recurso que logró detener temporalmente el proceso.
Apoyado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, el padre argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que podían «afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente», y que había presentado indicios de cambio de opinión.
«No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido», denunció este jueves el abogado de Abogados Cristianos, José María Fernández.
En una audiencia el año pasado –la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas–, la joven volvió a ratificar su petición.
Todas las decisiones judiciales posteriores rechazaron paralizar el proceso, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero su padre siguió interponiendo, sin éxito, recursos hasta este mismo jueves.
«Que alguien le dé una vuelta a la ley para poder hacer algo como han hecho Abogados Cristianos, que es encontrar una grieta por donde intentar cargar la ley, nos ha enfadado y preocupado muchísimo», afirmó a la AFP Cristina Vallès, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, que propone una pequeña modificación en la norma para evitar que este tipo de recursos se eternicen y que terceros puedan intervenir en un proceso ya autorizado.
La Conferencia Episcopal Española calificó en un comunicado la eutanasia de «derrota social», y demostró que «la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral».
Los requisitos para recibir la eutanasia incluyen que el solicitante sea capaz y consciente » al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, y obtener la autorización de una comisión de evaluación.
Desde la entrada en vigor de la ley hasta finales del año 2024, 1.123 personas recibieron la eutanasia en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
