El presidente Nayib Bukele anunció ayer el aumento del 20 % al salario mínimo vigente, el mayor aumento porcentual en la historia de El Salvador, ya que en gobiernos pasados los aumentos habían llegado, a lo sumo, a un 5 %, debido a la oposición no solo de algunos empresarios que hacían «lobby» político, sino también de los funcionarios que seguían las órdenes de sus financistas.
Ahora, como una muestra de que no hay ataduras y de que se trabaja en favor de la población más necesitada, el Gobierno del presidente Bukele anunció el aumento del 20 % y la distribución masiva de alimentos por medio del Programa de Emergencia Sanitaria (PES); esta última iniciativa beneficiará también a quienes no reciben el salario mínimo —trabajadores informales, por ejemplo— y mejorará el precio de la comida, pues al aumentar la oferta de alimentos, estos serán sometidos a una presión a la baja, lo cual es una buena noticia para los ciudadanos en general.
Para no complicar el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el presidente Bukele anunció que por medio del Bandesal se otorgará un subsidio para financiar durante un año el aumento de los costos en las planillas que implicará el alza del 20 % del salario mínimo. Con esto, las mipymes no tendrán que reducir la cantidad de su personal para cumplir con el aumento y tampoco tendrán que trasladar a los clientes el aumento, sino que tendrán el respaldo del Estado para enfrentar la nueva normativa y crecer durante un año para asumir plenamente, a partir de agosto del próximo año, el aumento.
El Gobierno también desplegará a la Defensoría del Consumidor para garantizar que no haya especulación. Por muchos años hemos escuchado como pobre explicación de los viejos políticos que los aumentos al salario mínimo dañan la economía, porque apenas se anuncian, suben los precios de los artículos de la canasta básica. Ahora el Estado garantizará que no haya incrementos arbitrarios y que aquellos que se atrevan a hacerlos enfrenten las multas y sanciones correspondientes.
Por ley, la propuesta del aumento deberá ser aprobada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, instancia formada por el Estado, empresarios y trabajadores, pero con la incorporación de verdaderos representantes de la empresa privada —no defensores de los intereses corporativos de una asociación— hay muchas probabilidades de que a partir de agosto los trabajadores salvadoreños reciban más por sus esfuerzos.
