El gobierno laborista británico anunció el sábado su intención de suprimir el acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo, como parte de una reforma de su política de acogida destinada a combatir la inmigración irregular.
«Este país tiene una orgullosa tradición de acoger a personas que huyen del peligro, pero nuestra generosidad atrae a los migrantes ilegales a través del canal» (de la Mancha), declaró la ministra del Interior, Shabana Mahmood, citada en el comunicado de su ministerio.
En consecuencia, «el gobierno buscará suprimir la ayuda a los solicitantes de asilo, en particular en materia de alojamiento y prestaciones, para aquellos que tienen derecho a trabajar y pueden mantenerse por sí mismos pero eligen no hacerlo, o para quienes infringen la ley británica» continúa el comunicado.
El objetivo de la medida es hacer que el Reino Unido sea «menos atractivo» y facilitar las expulsiones, según el gobierno.
Las solicitudes de asilo alcanzaron un nivel récord con unas 111.000 registradas en el año hasta junio de 2025, según cifras oficiales.
El tema de la inmigración se convirtió en un eje central del debate público en Reino Unido.
Este verano se organizaron numerosas manifestaciones frente a hoteles que alojan a solicitantes de asilo, y una protesta organizada por la extrema derecha en Londres a mediados de septiembre reunió hasta 150.000 personas, según la policía.
El partido Reform UK, dirigido por el exabanderado del Brexit Nigel Farage, encabeza varios sondeos de opinión.
Según la BBC, el gobierno británico podría ir más lejos al convertir el estatus de refugiado en temporal, como sucede en Dinamarca.
Así los refugiados obtienen un permiso de residencia, generalmente de dos años renovable, y se les anima a regresar a su país en cuanto las autoridades consideran que la necesidad de protección desapareció.
Además, la reagrupación familiar está sujeta a exigencias estrictas, entre ellas pruebas de idioma para el recién llegado.
Hoy en día las personas que obtienen el estatuto de refugiado lo tienen durante cinco años, tras los cuales pueden solicitar un permiso de residencia permanente e iniciar un procedimiento de naturalización.
Al suprimir el permiso de residencia permanente el acceso a la ciudadanía sería más largo o incluso imposible.
