La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor del veto que el presidente de la república Nayib Bukele hizo al decreto legislativo en que los diputados cambiaron el destino de $50 millones del préstamo que era para el financiamiento parcial de las medidas económicas compensatorias implementadas por la pandemia de la COVID-19.
El préstamo fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que el gobierno atendiera la pandemia, sin embargo, el 24 de diciembre del año pasado, la última sesión plenaria de 2020, los diputados incorporaron esos recursos al Presupuesto General de la Nación de 2021 para que los fondos fueran utilizados para proyectos de desarrollo municipal.
En la controversia constitucional, la Sala de lo Constitucional estuvo de acuerdo con el veto del presidente porque los diputados aprobaron la modificación el destino de los fondos «sin que se hubiese permitido a los diputados la posibilidad real de deliberar sobre su contenido y efectos». Según la Sala, la Asamblea Legislativa violó con esta acción el principio de «deliberación parlamentaria».
Por lo tanto, resolvió que la reforma «no fue el resultado del debate democrático que debe existir en un órgano de naturaleza representativa y pluralista como la Asamblea Legislativa».
En este sentido la Sala de lo Constitucional dejó en firme que el préstamo solo puede ser utilizado para el destino que fue contratado y «no podrán ser sustituidos ni utilizados para la finalidad» que le dieron los diputados en la sesión plenaria del 24 de diciembre del año pasado.
La Sala de lo Constitucional expresó que la reforma de los diputados también vulneró el «principio de equilibrio presupuestario y el principio de legalidad en la actuación de la administración pública».
La Sala de lo Constitucional también aceptó que la reforma haya sido vetada por el presidente de la república porque la votación fue aprobada con 21 diputados suplentes, sin embargo, sus llamamientos no fueron justificados.
Los diputados hicieron la modificación del decreto previo al inicio de la campaña electoral para alcaldes y diputados.
