Diputados de Nuevas Ideas recordaron ayer que el Plan El Salvador Seguro fracasó como estrategia de seguridad pública en el segundo gobierno del FMLN, dirigido por el entonces presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, ahora prófugo y nacionalizado nicaragüense para evitar la extradición.
Dicho plan fue dirigido por un consejo nacional de seguridad ciudadana y convivencia que se instaló en septiembre de 2014 e incorporó al Ejecutivo, iglesias, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y representantes de la comunidad internacional.
Salvador Chacón, diputado cian, señaló que el plan no funcionó a pesar de que aglutinaba a todas esas instituciones públicas y privadas y recibió un millonario financiamiento del exterior.
«Participaron todos los órganos e instituciones del Estado relacionados con el tema de seguridad, como la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría General, la PDDH [Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos] y los gobiernos locales. Además de las instituciones estatales, se involucraron asocios con iglesias, empresa privada, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y comunidad internacional para su efectiva implementación, la cual fue un rotundo fracaso», publicó el legislador en Twitter.
A su criterio, el Plan El Salvador Seguro «para lo único que funcionó fue para perfeccionar el crimen organizado», para desarrollar «programas exclusivos para los pandilleros» y les dio «financiamiento a cambio de votos».
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y publicaciones periodísticas han demostrado que miembros del FMLN —como Benito Lara y Arístides Valencia— sostuvieron acercamientos con las pandillas para las elecciones presidenciales de 2014.
Sánchez Cerén resultó electo presidente de la república en esos comicios. Asimismo, en marzo de 2012, durante el Gobierno del entonces presidente y también nacionalizado nicaragüense, Mauricio Funes, se dio la tregua entre las pandillas, la cual fue apoyada por el entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
«Ahí la sociedad civil guardó silencio y la comunidad internacional nunca opinó nada. Y ahora vienen a querer defender a dichas estructuras y sobre todo a querernos decir cómo se deben hacer las cosas, cuando fueron y seguirán siendo parte del problema», agregó el diputado de Nuevas Ideas.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, se mostró en contra del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo pasado a petición del Ejecutivo para combatir a las pandillas, debido al repunte de homicidios que provocaron el 25 y 26 de ese mes.
Por su parte, la diputada cian Alexia Rivas recordó que los gobiernos anteriores ofrecieron invertir $500 millones para el impulso del empleo juvenil; sin embargo, no hay resultados. Marcela Pineda, de la bancada cian, cuestionó que los partidos y las ONG «vivían del problema» generado por las pandillas, pero ahora critican los planes de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
