A petición de la Fiscalía General de la República, la audiencia preliminar del caso jesuitas que ya había iniciado fue reprogramado para el miércoles 13 de noviembre.
El juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador había decidido realizarla con la presencia de cinco imputados y procesar a seis como ausentes, pero los fiscales alegaron que para garantizarles la defensa material y que en un futuro no puedan alegar ilegalidades, se otorgue el plazo de tres días para que justifique la incomparecencia.
Si el miércoles no mandan esa justificación el juez los declararía rebeldes, giraría nueva orden de captura y los separaría del proceso, por lo que la audiencia se realizaría en contra de cinco militares retirados.
Los acusados que llegaron a la diligencia son: Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Por problemas de salud no justificados no llegaron Juan Rafael Bustillo Toledo y Juan Orlando Zepeda Herrera. Del expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, Rodolfo Antonio Parker Soto, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, el juzgado desconoce, aunque desde el inicio, Cristiani Burkard y Parker nunca mostraron interés de someterse al proceso y huyeron.
Respecto a Inocente Orlando Montano Morales, no se pudo establecer conexión de forma virtual hasta España, donde está preso.
La masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, fue cometida el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por un pelotón de soldados del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl.
En este expediente el ministerio público ha incorporado prueba testimonial, incluso ya consta en el proceso anticipos de prueba entre ellos la declaración rendida por el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien contó sobre los hechos ocurridos antes, durante y después de la masacre, este testigo ya fue condenado a 30 años de prisión por el crimen de los seis jesuitas y dos de sus colaboradoras.
En el dictamen de acusación (documento que contiene todas las diligencias y pruebas), fiscales de la Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado detallan que Cristiani como comandante general de la Fuerza Armada tenía el control y dominio del hecho y aunque pudo dar una contraorden para detener la masacre, no lo hizo.
