En las primeras dos décadas del siglo XXI, la izquierda latinoamericana perdió el poder presidencial en varios países: Honduras, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y Bolivia. Pero esas no fueron derrotas definitivas.
De hecho, aparte de mantener el poder intacto en Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, ahí donde habían perdido eran la segunda fuerza política y mantenían control sobre buena parte de los poderes legislativos y judiciales, así como una considerable influencia en otras instituciones del Estado.
Es decir que a los nuevos mandatarios les tocó la muy difícil tarea de gobernar precariamente, acotados por las cargas legales, institucionales, burocráticas y heredadas. Este punto es de particular importancia, pero lo profundizaré más adelante.
Tanto fue así que, eventualmente, aquellas izquierdas recuperaron la presidencia en Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y poco más tarde también en Perú y Honduras. Y eso no fue todo. Ya consolidada la alianza con el crimen organizado, incluso ganaron nuevas plazas estratégicas como México, Colombia y Guatemala.
Pero ya para entonces algo fundamental había cambiado: esa izquierda lo era solo de nombre, por cuanto había perdido por completo su identidad ideológica y lo que la identificaba era la mencionada colusión con la delincuencia organizada, que dejó de ser cómplice o socio para convertirse en el poder mismo del Estado.
En efecto, como ya se sabe, el primer paso en esa dirección se dio en Venezuela cuando la cúpula gobernante chavista, y luego madurista, pasó a ser a la vez el máximo mando del cártel de los Soles.
Luego, al llegar a la presidencia en México, en 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de la lucha contra los poderosos carteles de su país, a los que literalmente les ofreció «abrazos y no balazos».
«Los delincuentes también son ciudadanos y el Estado debe respetar y proteger sus derechos humanos», dijo López Obrador para justificar esa decisión.
La consecuencia directa de eso es que los carteles mexicanos se fortalecieron y se expandieron aún más, consolidando incluso la coordinación con sus iguales sudamericanos, particularmente con el cartel venezolano de los Soles.
Ahora se sabe que esos criminales habían financiado y siguen financiando las campañas de MORENA, el partido de López Obrador. Naturalmente, los alcaldes, diputados, senadores y gobernadores beneficiarios de ese financiamiento se volvieron empleados de los carteles, y MORENA se convirtió en un narco partido en el poder.
Esto último ha sido ampliamente documentado en múltiples investigaciones periodísticas basadas en las declaraciones judiciales de casi un centenar de altos capos mexicanos, presos en Estados Unidos, que decidieron colaborar con la justicia y hoy son testigos protegidos.
Para colmo de males, desde 2015 la ONU, por consenso de las grandes democracias occidentales (Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en pleno), estaba imponiendo como política global la Agenda 2030 que, entre otras calamidades del relativismo moral, en lugar de defender a las víctimas protegía los derechos humanos de los victimarios.
Ese era el sombrío panorama de profunda y galopante degradación global, pero un cambio imprevisto y en el más impensable de los lugares se había comenzado a gestar desde la segunda mitad de 2019. Era el comienzo de la vuelta al sentido común y a la cordura. Era el principio del rescate de los más admirables valores de la humanidad.
Una llamita de esperanza se había encendido contra viento y marea en el corazón del centro del continente americano, justamente en el pequeño país al que el crimen organizado había convertido en el más violento y peligroso del mundo.
