Las pandillas que llenaron de terror y salvajismo a comunidades salvadoreñas surgieron en las ciudades de Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales de otras nacionalidades. Las políticas antiinmigratorias de Washington impulsaron diferentes oleadas de deportaciones, incluyendo a estos delincuentes, que replicaron en el país lo que ya habían aprendido en tierras extranjeras.
La desidia inicial de los gobiernos de ARENA y del FMLN para atender lo que les pareció un problema de marginación y ligado a los más pobres —típica reacción de políticos ajenos a las comunidades y desligados del clamor popular— fue la condición que permitió la expansión de las pandillas. Sin embargo, estos grupos se transformaron, se organizaron y se convirtieron en un grave peligro para la seguridad pública, lo que provocó un aumento de hurtos, consumo de drogas, extorsiones, robos, asesinatos y tráfico de drogas y armas.
Fue en este momento cuando la vieja política vio una oportunidad y pactó con los delincuentes para lograr más votos y aumentar su penetración territorial, sin importar que esto significara la muerte de millares de salvadoreños, además de condenar a familias enteras a vivir bajo el terror constante de grupos que violaban a sus hijas, convertían a sus hijos en criminales y los despojaban de sus ingresos logrados con el trabajo honrado y decente.
Fue con la llegada del Gobierno del presidente Nayib Bukele cuando se implementó una verdadera política en contra de las pandillas. El Plan Control Territorial inició el único combate frontal que ha existido en el país en contra de estas organizaciones criminales. Esa fue la razón por la que los tradicionales aliados de los pandilleros, ARENA-FMLN y sus socios, se opusieron al financiamiento del combate de las pandillas, bloqueando préstamos y créditos necesarios para equipar a la Policía y al Ejército.
La llegada de la nueva Asamblea Legislativa permitió que el Plan Control Territorial se implementara de forma más rápida e integral, lo que se complementó con la llegada del régimen de excepción, que ha logrado más de 39,000 capturas, con lo que se ha desarticulado a las pandillas.
No obstante, lo que estos grupos criminales han aprendido a lo largo de los años es a adaptarse. Por ello, las autoridades de seguridad pública, bajo el comando del presidente Bukele, siguen de cerca la evolución de las pandillas para capturar a los cabecillas que surgen en las organizaciones delincuenciales para sustituir a los que han sido detenidos. Esto quiere decir que el trabajo está pendiente, hay que continuar con las medidas excepcionales que permitan la extinción definitiva de las pandillas. Solo así El Salvador tendrá una verdadera paz.
