La propuesta, aprobada por los diputados dos semanas atrás, fue avalada con 94 votos a favor y 34 en contra, informó el Legislativo.
Al ser una reforma constitucional, ahora deberá ser discutida y aprobada por al menos 17 de los 32 congresos de los estados que conforman México.
La prisión preventiva de oficio o automática permite actualmente encarcelar sin juicio o sentencia a personas acusadas por delitos como el feminicidio, delincuencia organizada, secuestro y la trata de personas.
La reforma en trámite prevé incluir en esta lista atentados contra la salud, actividades relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales falsificados y distintas modalidades ligadas con el tráfico de drogas.
Aunque la Constitución mexicana establece que la prisión preventiva tiene un límite de dos años, cientos de personas están en las cárceles esperando una sentencia por más tiempo.
En abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron detenidos en 2002 y pasaron 17 años en prisión preventiva.
En 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU exhortó a México a anular la prisión preventiva de oficio al argumentar que «ha llevado a múltiples violaciones de derechos humanos».
