La comisión «ad hoc» de la Asamblea Legislativa continuó ayer con la discusión y el debate de la nueva legislación e institucionalidad previsional que será creada para garantizar el pago de pensiones justas y dignas a los trabajadores jubilados y a los que están por retirarse.
Como parte del proceso, los diputados escucharon las valoraciones y recibieron aportes técnicos de los sindicatos de trabajadores del Ministerio de Gobernación y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El secretario general del sindicato de la cartera de Gobernación, Edwin Solórzano, destacó que la nueva propuesta «dignifica» a los trabajadores, que han estado sufriendo por la privatización de sus pensiones.
«El presidente Nayib Bukele, desde que inició su gestión, se ha preocupado por los cotizantes, y sin duda este proyecto ayudará a que seamos dignificados», dijo Solórzano.
Rafael Aguirre, médico de profesión y secretario general del SIMETRISSS, aseguró que «el proyecto de ley propone una mejor rentabilidad de las pensiones y busca garantizar justicia a la población que había estado excluida».
Aguirre ponderó, además, que la legislación propuesta por el Ejecutivo mejorará las pensiones a más de 600,000 trabajadores que por años han tenido pensiones paupérrimas.
La actual ley de pensiones fue aprobada el 20 de diciembre de 1996; sin embargo, su entrada en vigor fue en 1998, cuando salieron al mercado cinco administradoras de fondo de pensiones (APP).
La normativa actual fue echada a andar en el sistema privado durante el segundo Gobierno arenero, encabezado por Armando Calderón Sol.
Ahora, la reforma establece que todas las pensiones aumentarán en un porcentaje sustancial, y que el patrono aportará 1 %.
Asimismo, las AFP recibirán menos en comisión e incrementará la rentabilidad de los ahorros de pensiones. Nadie podrá meter mano en los ahorros de los trabajadores.