La comisión especial de la Asamblea que investiga el dinero entregado a ONG presentó ayer un escrito ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda para que verifique si la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) es una entidad de utilidad pública o solo ha utilizado ese carácter para evadir impuestos. La solicitud fue llevada por las diputadas de Nuevas Ideas e integrantes de la comisión Alexia Rivas y Marcela Pineda.
«Sabemos que Fusades ha sido señalada de diferentes actos de corrupción. Recordarán en el pasado cómo Fusades también perteneció a aquel grupo que tuvo que ver con el tema de Infocentros. También recordarán acerca de los $50 millones que muy cómodamente enviaron a un paraíso fiscal cuando ellos operaban una microfinanciera», señaló Pineda.
«Desde 1986 hasta 2007, Fusades manejó una microfinanciera, la cual se encargaba de dar créditos a la micro y pequeña empresa. Posteriormente hizo la venta de esta microfinanciera y trasladó los más de $50 millones a un paraíso fiscal [Bermudas]», agregó.
El escrito fue presentado a la DGII un día después de que la Asamblea Legislativa reformó el artículo 32 del Código Procesal Penal para eliminar la prescripción de los delitos de corrupción e investigar ese tipo de hechos que ocurrió en el pasado.
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Según la diputada Pineda, Fusades no trasladó al paraíso fiscal los $50 millones «en concepto de ahorro», sino que siguen «generando utilidades y lucro a los miembros», hecho que violenta el artículo 9 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.
«Cuando el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Impuestos Internos, le da el carácter de utilidad pública a una fundación, significa que los miembros de esta fundación no pueden percibir lucro. Cuando estos $50 millones fueron trasladados al paraíso fiscal, siguen generando lucro», puntualizó la legisladora.
La diputada cian y su compañera de bancada esperan que el Ministerio de Hacienda haga las investigaciones pertinentes con la finalidad de determinar si Fusades mantiene el estatus de utilidad pública que se le otorgó desde el período presidencial de Alfredo Cristiani.
Por su parte, Rivas explicó que, además de Fusades, hay otras organizaciones, asociaciones y fundaciones que han utilizado el carácter de «utilidad pública» para evadir impuestos al Estado salvadoreño, por lo tanto, planteó que está en manos del Ministerio de Hacienda evaluar la revocatoria de utilidad pública a Fusades.