Norman Quijano huyó del país para evitar que la investigación —cantada a los cuatro vientos— del exfiscal Raúl Melara requiriera su presencia ante un tribunal. Quijano no puede negar que negoció con pandilleros el apoyo para su candidatura presidencial en ARENA, a cambio de este ofreció ministerios, dinero y programas para sus aliados delincuentes.
La práctica de buscar acuerdos con criminales no fue exclusiva de Quijano, como demostraron los videos filtrados de los negocios del exalcalde y exdiputado, también de ARENA, Ernesto Muyshondt.
¿Qué tienen en común estos dos casos? A pesar de que hay pruebas contundentes de que negociaron la vida de millares de salvadoreños, incluso lo confesaron abiertamente en programas de televisión, hay jueces que consideran que esto no es suficiente.
Una cámara, de la que forma parte el destituido magistrado de la Sala de lo Constitucional Carlos Sánchez, ha decidido anular la orden de captura girada en contra de Quijano aduciendo que este miembro de ARENA tiene fuero por haber sido electo en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La decisión es, a todas luces, anómala, pues parte del supuesto de que un parlamentario electo (aún no ha tomado posesión de su cargo) tiene garantizada la impunidad por los delitos pasados. Esto fue lo que alegaron los abogados de Quijano, en reconocimiento de que el político arenero buscó la candidatura para evadir la justicia. Es decir, que criminales procesados, como Quijano, buscan cargos públicos para ganar protección.
El presidente Nayib Bukele considera que este ejemplo es una muestra del estado en el que se encuentra el Órgano Judicial y del enorme reto que enfrenta la Corte Suprema de Justicia para depurar a los malos elementos.
El fallo que anula la orden de captura de Quijano pasa por encima de la lógica y del proceso judicial, puesto que su motivación es política y está impulsada por la corrupción. Que Quijano cometió un delito lo sabe todo mundo, empezando por él ya que lo confesó y, precisamente, por ello abandonó el país para evitar dar cuentas de sus actos.
Sin embargo, este caso demuestra que, más que razones, algunos jueces y magistrados prefieren apoyar a los delincuentes confesos que impartir la justicia.
La lucha contra la impunidad es un enorme reto que tiene El Salvador como sociedad. Debe ser un objetivo común. Durante 30 años, la alianza entre ARENA y el FMLN garantizó la impunidad para los delitos de diversa índole, aun aquellos que culminaron con la muerte de decenas de miles de ciudadanos inocentes. Es hora de que esto cambie.
