En marzo de 2020, Rosa Edelmira Pindo Mulla, de 53 años, presentó una solicitud ante este tribunal, que se pronuncia sobre las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos en los 46 países que lo ratificaron.
En la audiencia del miércoles ante la Gran Cámara del TEDH, su formación suprema, uno de los abogados de Pindo Mulla, Petr Muzny, afirmó que ésta había sido «víctima de paternalismo médico».
«Inmigrante sudamericana» que habla español con acento, miembro de los Testigos de Jehová «a menudo objeto de prejuicios y estereotipos», Pindo Mulla era un «blanco fácil para este paternalismo médico», aseguró.
Sin embargo, añadió el abogado, ella quería «ser tratada de acuerdo con su conciencia», lo que «señaló en varias ocasiones».
En representación del gobierno español, Heide Elena Nicolas Martínez destacó por su parte el contexto de «gran urgencia» en el que se tomó una decisión sobre los cuidados dispensados a Pindo Mulla.
El caso se remonta a varios años. Tras exámenes médicos realizados en julio de 2017, se aconsejó a la demandante una operación.
En ese momento presentó tres documentos: instrucciones anticipadas, un poder notarial de larga duración y un formulario de consentimiento informado. En ellos indicaba que se negaba a recibir transfusiones de sangre (sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma), aunque su vida estuviera en peligro.
Indicó que aceptaba cualquier tratamiento médico que no implicara el uso de sangre.
El 6 de junio de 2018, Pindo Mulla fue ingresada en el hospital de Soria, donde reside, antes de ser trasladada al día siguiente a un hospital de Madrid debido a una hemorragia.
Tras enterarse de que era Testigo de Jehová, los anestesistas del hospital solicitaron la opinión del juez de guardia, que autorizó toda intervención médica o quirúrgica necesaria para salvarle la vida.
Pindo Mulla se sometió a una intervención quirúrgica y recibió transfusiones de sangre. Cuando se enteró, lloró, sintiéndose «escandalizada», «violada», contó su abogado Petr Muzny000.
«La situación exigía una respuesta muy rápida», insistió Nicolas Martínez, representante del gobierno español.
Tras haber impugnado la decisión del juez de guardia y perdido ante la justicia en España, Pindo Mulla interpuso un recurso ante el TEDH, invocando los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada) y 9 (derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Al término de la audiencia la Corte deliberará su decisión. Se espera que se conozca en unos meses.
