Texas demandó el jueves al gobierno del demócrata Joe Biden después de que el presidente estadounidense afirmara que la ley federal se antepone a ley de los estados cuando se trata de realizar abortos para salvar vidas.
La demanda, presentada por el fiscal general del estado de Texas (sur), Ken Paxton, es otro de los capítulos del frenesí legal que vive Estados Unidos después de que la Corte Suprema dictaminara el mes pasado que los estados pueden prohibir o restringir el aborto.
Tras la decisión del máximo tribunal del país, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estadounidense sostuvo que la ley federal protege a los empleados de la salud que realizan «servicios de aborto para salvar la vida o la salud en situaciones de emergencia».
«Cuando una ley estatal prohíbe el aborto y no incluye una excepción para la vida y la salud de la persona embarazada... esa ley estatal es reemplazada», dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra, en una carta dirigida a los prestadores de servicios de salud.
Paxton presentó una demanda contra el HHS por considerar que la aplicación de la Ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (conocida como EMTALA) «obligaría a los hospitales a realizar abortos».
«La Administración Biden pretende transformar todas las salas de urgencias del país en clínicas de aborto sin cita previa», afirmó el fiscal general de Texas en un comunicado.
«La EMTALA no autoriza y nunca se ha pensado para que autorice al gobierno federal a exigir que los funcionarios sanitarios de urgencias realicen abortos. Ahora intentan que sus burócratas designados ordenen que los hospitales y los médicos de urgencias realicen abortos», añadió Paxton.
En ese sentido, el fiscal general sostuvo: «Me aseguraré de que el presidente Biden se vea obligado a cumplir la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto y no permitiré que socave y distorsione las leyes existentes para adaptarlas a la agenda ilegal de su administración».
Texas ha prohibido el aborto en casi la totalidad de los casos después de que el máximo tribunal anulara el fallo del caso 'Roe contra Wade', de 1973, que consagró el derecho legal de la mujer a interrumpir el embarazo.
Solo se permite el aborto en casos en los que la mujer embarazada se enfrente a una enfermedad que ponga en peligro su vida.
Se espera que una veintena de estados restrinjan, prohíban o criminalicen los abortos, obligando a las mujeres a viajar largas distancias a aquellos estados que sí permiten el procedimiento.
