Las resoluciones emitidas por los tribunales superiores deben ser acatadas, o de lo contrario se puede incurrir en un delito penal, reafirmó ayer el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Noel Orellana al referirse a la sentencia 1-2021, que habilitó la reelección presidencial inmediata.
«Como Tribunal Supremo Electoral hemos expresado que toda resolución emanada de un tribunal estamos en la obligación de acatarla. Creo que cada uno de los magistrados ha sentado su posición en cuanto a resoluciones emanadas de tribunales superiores se refiere», aseguró en la entrevista Diálogo con Ernesto López.
Orellana explicó que el Código Penal establece sanciones para aquellos funcionarios que no acaten los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cualquiera de los tribunales del país.
«El artículo 322 [del Código Penal] habla sobre la desobediencia y establece que el funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, decisiones u órdenes de un superior dictado dentro del ámbito de su competencia y revestida de las formalidades legales será sancionado», explicó el magistrado.
Ese artículo determina que el funcionario que incurra en esa acción penal será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo por igual tiempo.
Hasta ahora, la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez; el magistrado propuesto por ARENA, Guillermo Wellman Carpio, y los dos magistrados propuestos por la CSJ, Noel Orellana y Rubén Meléndez, han expresado que están obligados a acatar todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional, incluyendo la relacionada con la reelección presidencial inmediata. El magistrado cuota del FMLN, Julio Olivo, es el único que ha dejado entrever públicamente que duda de cumplir la resolución.
«Es importante hacer énfasis que el Tribunal Supremo Electoral nunca ha dejado de cumplir sentencias emanadas de tribunales superiores, inclusive las que han influido en los procesos electorales», expresó Orellana, y agregó que nunca han sido sujetos de coacción o amenaza.
También indicó que el TSE está por terminar los instructivos que deberá seguir el presidente Nayib Bukele en caso de que oficialice su candidatura presidencial para competir en 2024.
«Tiene que someterse a lo que establece la Ley de Partidos Políticos. Sobre ese tema nosotros estamos por concluir cuál va a ser el procedimiento. Estamos elaborando los instructivos», dijo.
