El caso, presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se centraba en los usuarios discapacitados a los que supuestamente se les hacía pagar tasas de demora porque necesitaban más tiempo para subir a los vehículos.
Según el acuerdo, Uber concederá créditos a más de 65.000 pasajeros que reúnan los requisitos necesarios por un valor equivalente al doble de las tarifas de espera que se les hayan cobrado. La cifra total podría suponer millones de dólares.
La empresa de viajes compartidos también acordó pagar más de 1,7 millones de dólares a los usuarios que se quejaron por las tarifas, y 500.000 dólares a otras personas afectadas.
«No se debe hacer sentir a las personas con discapacidad como ciudadanos de segunda ni castigarlas por su discapacidad, que es exactamente lo que hizo la política de tarifas de tiempo de espera de Uber», aseguró Kristen Clarke, fiscal general adjunta.
La aplicación móvil cobra una tarifa extra si un conductor tiene que esperar más de dos minutos para recoger a cualquier pasajero, pero el Departamento de Justicia aseguró que aplicar esas tarifas a los usuarios con discapacidades equivale a una discriminación ilegal.
La empresa, que dijo estar «satisfecha» con el acuerdo, informó de que «antes de que se presentara este asunto, introdujimos cambios para que cualquier pasajero que comunique que tiene una discapacidad quede automáticamente exento de las tasas por tiempo de espera».
Uber también garantizará que los reembolsos estén fácilmente disponibles en caso de que dichas tasas se cobren erróneamente.
