Como un peligro para el respeto a los derechos humanos así calificó la UCA el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) presentado por el fiscal general, Raúl Melara, el pasado lunes 23 de noviembre en la Asamblea Legislativa. Este nuevo anteproyecto de ley busca que la Fiscalía tenga autonomía presupuestaria y la creación de un cuerpo propio de investigación.
«Que la FGR necesita reformas, es más que evidente. El nombramiento político de su titular, las deficiencias en la investigación, las relativamente pocas condenas que se consiguen en los tribunales, la impunidad, el centralismo autoritario, la mala relación con la PNC en casos importantes y, a la vez, la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución», se lee en el editorial «Una propuesta disparatada».
Agrega el editorial, «Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos».
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En el escrito la UCA comparte la idea de mejorar la investigación fiscal, sin embargo, recrimina que, para hacerlo, Melara esté solicitando crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, ya que consideran que la creación de dicho grupo sería la constitución de una «guardia para los fiscales», más que un cuerpo de seguridad que vele por el correcto desarrollo de los procesos fiscales.
Actualmente la Fiscalía tiene «el monopolio de la acción penal» y lidera a los investigadores de la Policía que se encargan de hacer la parte operativa en el terreno.
«La idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una Policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas…», advierte la UCA.
Y de acuerdo con la reflexión que se regó como pólvora en redes, la policía fiscal que pretende Melara y cuya propuesta respaldan algunos diputados y sectores, «no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación», criticó la UCA.
La propuesta de Melara
El editorial fue publicado, ayer, justo una semana después que el fiscal general, Raúl Melara, llegó a la Asamblea Legislativa para presentar el proyecto de ley.
La presentación del documento fue criticada por varios sectores ya que, al hacerlo, Melara estuvo acuerpado por diputados de oposición, especialmente del FMLN y ARENA. Además de realizarlo a solo tres meses de que se desarrollen las elecciones para alcaldes y diputados.
Durante su gestión, Melara ha sido criticado por no dar señales de avanzar en casos como contra el alcalde Muyshondt. Recientemente, el presidente Nayib Bukele criticó a Melara por no obtener resultados positivos en casos sonados de corrupción por malversación de millonarios fondos públicos que involucran a expresidente del FMLN y contra evasores de impuestos.
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Bukele puso de ejemplo el último caso en el que a Elmer Charlaix, exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, se le acusó de enriquecimiento ilícito y fue exonerado, junto a su esposa, de devolver al Estado más de $17 millones. «El Fiscal que deja caer todos los casos de los peces gordo», apuntó el mandatario.
El mandatario agregó que el Órgano Judicial ha caído en una mora judicial, debido en gran parte al letargo del accionar en la Fiscalía, situación que pudiera derivar en que, casos de corrupción como los del expresidente Mauricio Funes, prescriban.
Con respecto a los procesos judiciales, la UCA señala que la reforma conserva y añade elementos que chocan con los estándares internacionales de derechos humanos.
«Una Fiscalía incapaz de investigar casos en menos de dos años, que tiende siempre a ponerse en contra de la presunción de inocencia y que suele solicitar medidas cautelares privativas de libertad quiere ahora ampliar el plazo de imposición de medidas a tres años. ¿Indemnizará el fiscal general a quienes resulten inocentes en juicio y hayan pasado tres años presos? La pronta justicia como mandato constitucional no parece interesar en absoluto a la Fiscalía», enfatiza el centro de estudios.
