José Luis Abarca, de 62 años, fue hallado culpable del rapto de seis dirigentes sociales en mayo de 2013 en el municipio de Iguala (estado de Guerrero, sur). Entre esas personas se hallaba Arturo Hernández Cardona, líder de una organización campesina quien fue hallado muerto meses después.
Abarca también debe pagar una multa de 920.700 pesos (unos 52.000 dólares).
El político era alcalde de Iguala cuando se produjo la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, uno de los peores casos de violación de derechos humanos ocurridos en México, que desató una amplia condena internacional.
Abarca fue detenido en noviembre de 2014 por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas y se encuentra preso en una cárcel del central Estado de México.
Los alumnos desaparecieron cuando intentaban apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
Los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época.
Pero una comisión del actual gobierno que investigó el caso sostiene que los delincuentes -en complicidad con policías y militares- buscaban recuperar droga escondida en uno de los autobuses, sin que los estudiantes supieran de su existencia.
Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de las víctimas.
