Todas las encuestas y los sondeos de opinión hechos en El Salvador por casas extranjeras o nacionales, universidades o fundaciones muestran lo mismo: el presidente Nayib Bukele tiene un alto grado de aceptación y su Gobierno tiene una aprobación casi unánime, al punto que en el último estudio publicado por la Fundaungo —institución abiertamente de oposición— nueve de cada 10 salvadoreños respaldan la gestión del gobernante.
No se trata de estudios manipulados o «comprados» como en su momento manejó la oposición ante la desesperación e impotencia, puesto que todos muestran la misma realidad: las transformaciones en el país son tan evidentes, profundas e históricas que los ciudadanos apoyan plenamente al Gobierno del presidente Bukele. Es un resultado tan palpable que incluso la casa encuestadora de uno de los órganos de propaganda de la oposición ha dejado de hacer encuestas sobre aprobación presidencial e intenciones de voto, resignada a obtener siempre los mismos resultados en contra de lo que dictan sus patronos.
No solo los ciudadanos valoran positivamente la labor del Gobierno. Ya varias gremiales empresariales han salido a destacar los beneficios obtenidos por el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, que prácticamente eliminaron las extorsiones en el sector de transporte público de pasajeros y de distribución de mercaderías en las tiendas de las colonias, además de abaratar los costos de operación de las industrias al reducir la inseguridad.
Otras gremiales han destacado el decidido impulso al turismo durante el Gobierno del presidente Bukele. Lo mismo sucede con los productores de café, que ahora sí han recibido apoyo del Estado, lo mismo que el sector de la construcción, fuente de miles de empleos gracias a los múltiples proyectos de infraestructura impulsados por el Ejecutivo.
Bajo este contexto, resulta muy difícil no entender por qué los salvadoreños quieren mantener el rumbo actual del país y votar nuevamente para que el presidente Bukele continúe al frente del Gobierno. Esa es la voluntad popular y tiene el respaldo legal luego de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que le permite al mandatario postularse para un segundo período. Así fueron las resoluciones de la anterior sala que permitieron las candidaturas no partidarias y la incorporación de rostros de los candidatos a alcaldes.
En lugar de reconocer los éxitos en materia de seguridad, la oposición ahora propone que el Gobierno negocie con los criminales que sembraron el terror de múltiples y bárbaras formas en las familias salvadoreñas. El presidente Bukele ha sido enfático en señalar que lo único que pueden hacer los mareros es entregarse y pagar por sus delitos, porque no hay descanso en las fuerzas de seguridad hasta que sea capturado el último pandillero.
