Las últimas visitas de congresistas y funcionarios estadounidenses confirman que el modelo de seguridad implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele no solo es exitoso para eliminar la amenaza de las pandillas, sino que también beneficia a la ciudadanía. Y, además, es un ejemplo que otras naciones pueden replicar.
La guerra contra las maras emprendida por el Gobierno del presidente Bukele buscó desarticular las estructuras criminales que llevaban décadas de gestación, fortaleciéndose y diversificándose. A través del Plan Control Territorial, el Estado salvadoreño recuperó las zonas que ARENA-FMLN les concedieron a las pandillas, que no eran otras que los barrios donde las familias tenían sus hogares.
Las maras se originaron en las calles de grandes ciudades estadounidenses, como Los Ángeles, en California. Sus integrantes continuaron en El Salvador la organización de sus redes criminales. Muchos se aprovecharon de los débiles controles y las decisiones de algunos gobernantes que toleraban sus actividades delincuenciales. Eso es lo que hoy denuncian los congresistas que han visitado el país y han lamentado que la falta de aplicación de la ley desencadenara una ola de criminalidad como nunca en la historia de la Unión Americana.
El presidente Bukele demostró que la búsqueda y captura de los pandilleros y su posterior encierro —tras garantizar la culpabilidad y la imposibilidad de recurrir a vericuetos legales para recobrar la libertad— es una fórmula exitosa para conquistar la paz.
La falta de tolerancia ante el crimen y la violación de los derechos humanos de las víctimas es condición para implementar un proceso que eleve la seguridad de una nación. Antes los criminales se burlaban del sistema judicial y de los agentes de seguridad pública, pues pagaban sobornos y rápidamente recuperaban la libertad.
Ahora, quien comete un delito es detenido y encerrado. Las leyes garantizan que ese delincuente sea castigado y enviado a prisión. Los «municipios santuario» creados por ARENA-FMLN para proteger a los pandilleros causaron un enorme daño a la sociedad, y hoy solo son un recuerdo de cómo la política corrupta obvió el bienestar de la gente.
La construcción del Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ha probado que es una estrategia efectiva para garantizar no solo que los pandilleros no estén en las calles, sino que también ha enviado un mensaje contundente: el crimen no paga. Y eso es un buen ejemplo que seguir por demócratas de todos lados.
