Por años, los salvadoreños padecieron la enorme frustración de depositar su confianza, sus sueños y sus anhelos en políticos corruptos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. De ese modo, luego de la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Alfredo Cristiani, de ARENA, y la guerrilla, del FMLN, no hubo el despegue económico esperado y mucho menos la tan ansiada paz.
Como vimos años después, las cúpulas de los dos partidos tradicionales hicieron un pacto para garantizar la impunidad de sus integrantes y proteger la corrupción. Desde el Gobierno, ARENA y el FMLN se tomaron el Estado y organizaron negocios para beneficiarse. Utilizaron las instituciones para prosperar y saquear a la nación. Desde el Órgano Judicial, repartido entre sus socios políticos, hubo protección y se garantizó que no se investigarían los crímenes pasados, presentes y futuros.
No hubo tal cambio durante los cuatro gobiernos de ARENA. Y cuando llegó el FMLN no hizo más que administrar la olla de corrupción, darle su toque distintivo y aprovecharse de ella. Con fondos públicos, el Frente montó un conglomerado de empresas que volvieron millonarios a excomandantes que jamás habían dirigido un negocio. Otros se dedicaron a saquear sin ninguna vergüenza los fondos del erario nacional con un nivel tal que solo Mauricio Funes ha sido procesado por la malversación de $350 millones.
Por eso el pueblo salvadoreño se cansó de tantos engaños. Quitó a ARENA y al FMLN de la presidencia de la república y colocó a Nayib Bukele. Además, le dio mandato pleno a Nuevas Ideas para apoyar al gobernante, con la mayoría calificada, suficiente para aprobar y reformar leyes, ratificar créditos y elegir a los funcionarios de segundo grado.
El proyecto político del presidente Bukele no puede continuar la misma línea que ARENA y el FMLN. No sería honesto con sus electores, ávidos de una justicia social largamente postergada. Estamos ante la oportunidad histórica de sanear el Estado en todos los niveles. Con la fuerza del mandato popular expresado en las urnas se renovaron el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, desde la nueva Asamblea Legislativa ha llegado el turno de limpiar el Órgano Judicial, señalado, año tras año, de ser la entidad pública más corrupta del Estado salvadoreño en los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las elecciones tienen consecuencias, dijo Barack Obama, a propósito del poderoso mandato que recibió de su electorado en su segundo período presidencial. Aquí, en El Salvador, estamos viendo que eso es una posibilidad real.
