Durante décadas El Salvador habitó una terrible realidad: la ausencia del Estado en el territorio de hombres y mujeres que vivían de la política partidaria; era su estilo de vida, y para mantenerlo o llegar al poder pactaron con el crimen organizado, por lo que mientras el ciudadano sin privilegios pagaba con sangre el «impuesto» de la extorsión, un sector de la intelectualidad, algunas ONG, ciertos círculos de prensa internacional, algunos medios nacionales y otros actores se empeñaban en leer el fenómeno desde una óptica puramente de culpa a la sociedad, casi romántica.
Se hablaba de «marginación y exclusión», de «falta de oportunidades» y de «jóvenes en alto riesgo»; términos que, aunque técnicamente ciertos en su origen, terminaron funcionando como un sofisticado eufemismo para evitar llamar a las cosas por su nombre correcto: terrorismo criminal.
¿Por qué este temor casi patológico a reconocer el daño sistémico ocasionado por las pandillas criminales? La respuesta no es simple, pero es malévola, y ahora la conocemos y la podemos exponer.
Para algunos comunicadores, periodistas, intelectuales y activistas, aceptar que las pandillas criminales se convirtieron en estructuras paraestatales de terror significa admitir el fracaso de los modelos de una «rehabilitación sin autoridad» que defendieron por años. Reconocer la crueldad, los actos de terrorismo, los multicrímenes y hasta los absurdos de la MS-13 o el Barrio 18, quienes no solo asesinaban, sino que desmembraban y desaparecían personas para controlar el territorio, obligaba a replantear la narrativa del «Estado opresor» frente al «sujeto marginado».
Al final, la ideología y los fondos les brindaban un estilo de vida, un dinero que incluía viajes, vacaciones, premios internacionales entre ellos mismos. Primero, el conflicto armado; luego, las bandas organizadas; y en el presente siglo, las pandillas criminales.
Es fácil teorizar sobre la «prevención social» desde una redacción con aire acondicionado, desde una oficina del Salvador del Mundo hacia arriba, o desde otro país.
Pero las familias que estaban bajo el yugo del pandillero, la micro y pequeña empresa, el verdadero motor de la economía salvadoreña, vivían una guerra de baja intensidad, un mini-Estado paralelo de terror, permitido por malos y criminales políticos. El miedo a reconocer este daño radicaba en no perder ingresos y sostener empleos.
Para muchos analistas y algunos comunicadores, las pandillas eran un «problema social lejano»; para el dueño de una tienda en Soyapango, Ilopango o San Martín eran el ente soberano que decidía si sus hijos comían, quién vivía, quién podía vender, ser expulsado del territorio o amanecer en una bolsa plástica. Minimizar el impacto de la extorsión fue, en muchos casos, una forma de desprecio hacia el sufrimiento de los sectores más vulnerables, de las víctimas, de las pandillas criminales.
No podemos ignorar la economía de la cooperación internacional. Ciertas ONG y organismos dependen de la existencia de un conflicto perpetuo para justificar fondos. Reconocer que estas agrupaciones son organizaciones criminales transnacionales que secuestraron la paz de comunidades enteras y no simplemente grupos de jóvenes descarriados o marginados, exigía soluciones de seguridad nacional que chocaban con los manuales diseñados dentro y fuera del país.
El miedo a llamar a estas estructuras «organizaciones terroristas» permitió que el tejido social se gangrenara. La microeconomía fue asfixiada: miles de emprendimientos jamás nacieron y otros tantos murieron bajo el peso de la mal denominada «renta». Cuatro exmagistrados denominaron terroristas a las pandillas cuando nadie les estaba preguntando, pero nada pasó, quizás solo fue porque ya estaban por terminar su período o algún técnico logró introducir esa resolución por aspectos académicos.
Ignorar el terror y el grave daño causado por las pandillas criminales no fue un acto de defensa de los derechos humanos; fue, paradójicamente, una vulneración de los derechos de la mayoría honrada, de los sectores más vulnerables, que también afectaron a la mediana y gran empresa con la extorsión.
Negar la naturaleza depredadora de estos criminales terroristas fue la mayor traición que la academia, los políticos y los sectores de la prensa pudieron cometer contra el pueblo salvadoreño. Es hora de entender que, en criminología, el primer paso para resolver una patología es dejar de maquillar el diagnóstico.
