El índice de homicidios se ha reducido durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Este es un hecho incuestionable que hasta los más férreos críticos aceptan como una realidad. También se han reportado más de 30 días sin muertes violentas, y en 80 de los 262 municipios no ha habido asesinatos en lo que va del año.
Estos éxitos tienen que ver con la cooperación de las autoridades municipales con las fuerzas de seguridad. En la medida en que los alcaldes, como líderes locales, trabajen de la mano con la Policía y la Fuerza Armada, sus comunidades serán más pacíficas, y esto mejorará indudablemente la calidad de vida de la población.
Sin embargo, no siempre es posible trabajar de la mano con las autoridades locales, sobre todo ahora que los partidos políticos buscan cualquier oportunidad para hacer campaña electoral. Olvidan que los verdaderos líderes anteponen los intereses colectivos a los personales.
En la Asamblea Legislativa no siempre es posible lograr un consenso basado en el bien común, y prueba de ello es el constante bloqueo al financiamiento del Gobierno. El pasado jueves, por ejemplo, a pesar de la existencia de dictámenes técnicos avalados por la comisión de hacienda para ratificar préstamos por $300 millones, los partidos, luego de hacer cálculos electorales, prefirieron no dar los votos. ARENA, en particular, estaba listo para votar, pero se arrepintió a última hora.
Aunque los resultados del combate a la pandemia están a la vista —menos muertos, mejor control de las personas que se contagiaron y reforzamiento del sistema público de salud—, la estrategia de los partidos es atacar.
Convertir los hoteles en centros de cuarentena logró dos objetivos: el confinamiento de los viajeros contuvo la propagación del virus por el país y respaldó a una industria a la que la pandemia amenazaba con quebrar. Sin embargo, ahora el foco de la oposición está en encontrar algo malo en el manejo de esta iniciativa que benefició no solo a los viajeros y a sus familias, sino también a la sociedad en conjunto.
Lo mismo pasa con el Plan Control Territorial, al que la Asamblea Legislativa le ha negado reiteradamente los votos, incluso antes de la pandemia por la COVID-19 y a pesar de haber demostrado su efectividad. En el fondo, el interés de golpear al Gobierno de cara a las elecciones del 28 de febrero pesa más en el análisis político que garantizar el bienestar de la población, aunque ello signifique impedir la posibilidad de vivir en un municipio sin homicidios.
